Un helicóptero de EE. UU. vigila el área de actuación del PCC y el CV tras su designación de organizaciones terroristas (Foto: Instagram)
La decisión de Estados Unidos de clasificar al Primeiro Comando da Capital (PCC) y al Comando Vermelho (CV) como organizaciones terroristas ha generado nuevas preocupaciones tanto diplomáticas como legales. El anuncio, efectuado por el Departamento de Estado el 28 de mayo, incluyó a estas facciones brasileñas en las listas que Washington emplea para identificar grupos que representan amenazas a la seguridad internacional.
En la práctica, esta medida no modifica únicamente la descripción oficial que los Estados Unidos hacen de dichas organizaciones. También activa una serie de mecanismos legales que pueden derivar en el bloqueo de bienes, restricciones financieras y sanciones contra personas o entidades acusadas de tener vínculos con los grupos. Expertos en relaciones internacionales y derecho consideran que esta clasificación podría incrementar la presión sobre las autoridades brasileñas y extender el ámbito de actuación de las medidas norteamericanas.
Las bases jurídicas para respaldar esta decisión incluyen la Orden Ejecutiva 13224, promulgada en 2001 tras los atentados del 11 de septiembre. Esta orden persigue desmantelar la estructura financiera de individuos y organizaciones catalogados como terroristas, facultando al gobierno de EE. UU. para interponer bloqueos de activos, dificultar el acceso a recursos económicos y cercar las redes de apoyo.
El encuadre coloca al PCC y al CV bajo la supervisión directa del Departamento de Estado y del Departamento del Tesoro de EE. UU. La consecuencia más inmediata es que cualquier persona o entidad señalada de colaborar con estas facciones puede ser objeto de sanciones financieras, congelación de cuentas y prohibiciones de tránsito económico.
El impacto potencial para Brasil radica en el carácter extraterritorial de estas medidas. Especialistas en derecho internacional advierten que Estados Unidos podría intentar aplicar su legislación a personas u organizaciones vinculadas a estas facciones, aun cuando las actividades investigadas se hubiesen desarrollado en territorio brasileño.
El especialista en derecho penal Fábio Souto destacó que esta clasificación autoriza a las autoridades estadounidenses a perseguir y sancionar tanto a organizaciones como a individuos asociados a las facciones, aplicando su normativa sin necesidad de que los delitos se hayan consumado dentro de EE. UU.
Este tipo de designación también podría intensificar la presión política sobre el Gobierno brasileño. Se ha planteado la inquietud de que la medida allane el camino para sanciones más severas y, en casos extremos, para la consideración de acciones directas contra objetivos vinculados a las facciones en territorio nacional. El Ejecutivo de Brasil se ha manifestado en contra, argumentando que ello podría comprometer la soberanía y tensar las relaciones con Washington.
El anuncio se produjo pocos días después de una reunión en la Casa Blanca entre Flávio Bolsonaro y el presidente Donald Trump. Según declaraciones de Flávio Bolsonaro, la clasificación del PCC y del CV como organizaciones terroristas estuvo entre los principales asuntos tratados durante su visita oficial.
El Primeiro Comando da Capital (PCC) es una organización criminal fundada en 1993 en la prisión de Carandiru, en São Paulo. A lo largo de las décadas, el PCC ha extendido sus actividades a múltiples estados brasileños, dedicándose al tráfico de drogas, a la extorsión y a la organización de motines en centros penitenciarios. Por su parte, el Comando Vermelho (CV) nació en 1979 en los presidios de la región metropolitana de Río de Janeiro y se ha consolidado como uno de los grupos delictivos más antiguos del país, con ramificaciones en el narcotráfico y en diversos delitos violentos.
La Orden Ejecutiva 13224, en vigor desde octubre de 2001, ha servido de instrumento para designar a otras organizaciones como Hezbollah, Al Qaeda y diversas facciones afines. Su aplicación contra el PCC y el CV supone que EE. UU. podrá coordinar acciones de inteligencia y cooperación con socios internacionales para cortar las fuentes de financiación de ambas organizaciones.
El carácter extraterritorial de las sanciones estadounidenses permite bloquear activos financieros en entidades bancarias bajo jurisdicción de EE. UU. e incluye prohibiciones de entrar en territorio estadounidense para individuos vinculados. Este enfoque ha sido empleado en múltiples ocasiones para presionar a gobiernos y organizaciones hasta conseguir cambios de conducta, sin autorización previa de la nación afectada.
Este paso marca un precedente significativo en la política antiterrorista de Washington y plantea un nuevo escenario de cooperación y tensión con Brasil, cuya respuesta y adaptaciones legales serán vigiladas de cerca por la comunidad internacional.
