El Gobierno federal ha intensificado la fiscalización para contener el incremento de los precios de los combustibles en todo el territorio. Se han establecido sanciones económicas que pueden alcanzar hasta 500 millones de reales (aprox. 90 millones de euros) para las empresas que cobren tarifas consideradas abusivas. Estas nuevas multas fueron vigentes desde la entrada en vigor de una medida provisional publicada el pasado viernes 25 de septiembre y oficializadas el lunes 28.
La Agencia Nacional de Petróleo (ANP) informó que, en determinados casos, la margen bruta de las distribuidoras creció más de un 1.350 %, lo que podría derivar en sanciones de hasta 700 millones de reales (unos 126 millones de euros). En el Distrito Federal, el precio de la gasolina subió 0,20 reales (aprox. 0,04 €), llegando a situarse en 6,89 reales (1,24 €) por litro en algunas estaciones de servicio.
El paquete de medidas del Ejecutivo también contempla un subsidio de 2,12 reales (0,38 €) por litro de diésel. El objetivo declarado es mitigar los efectos del aumento del petróleo en los mercados internacionales, donde el barril se mantiene por encima de 100 dólares (unos 92 €), y evitar traslados arbitrarios de costes al consumidor final. Desde que se aplicaron estas disposiciones, los primeros datos apuntan a un descenso en las irregularidades detectadas.
Los usuarios pueden colaborar activamente denunciando al Procon local o directamente a la ANP, a través del teléfono 0800 970 0267. Al interponer una queja es fundamental facilitar nombre y dirección del establecimiento, tipo de combustible, precio registrado y fecha de la compra. Fotografías de surtidores y tickets de pago resultan de gran ayuda para los investigadores.
Entre el 21 y el 25 de septiembre, las autoridades llevaron a cabo 241 operativos de inspección en todo Brasil. La Secretaría Nacional del Consumidor (Senacon) abrió 70 procedimientos administrativos contra estaciones de servicio y distribuidoras. La medida provisional modificó el Código de Defensa del Consumidor, incluyendo sanciones específicas por prácticas abusivas en el mercado del combustible. Las multas oscilan entre 20.000 reales (3.600 €) y 500 millones de reales (90 millones de €) para las empresas que eleven precios sin justificación.
La Operación Carga Pesada, impulsada de manera conjunta por la ANP, Senacon y los Procons estatales, investiga posibles alzas injustificadas. Este despliegue de fuerza comenzó tras recibir la ANP alrededor de 330 denuncias y detectar indicios de irregularidades en la comercialización. De las 241 inspecciones, 87 fueron ejecutadas exclusivamente por la ANP, 86 por los Procons y 12 por Senacon; otras 56 inspecciones combinaron esfuerzos para responsabilizar a las empresas infractoras.
Cabe destacar que, además del subsidio de 2,12 reales por litro de diésel, el Gobierno aseguró un suministro garantizado para octubre. La demanda estimada se sitúa en 3,95 millones de metros cúbicos, mientras que la oferta confirmada alcanza casi 3,98 millones y los inventarios en reserva suman 1,97 millón de metros cúbicos, volumen suficiente para cubrir cerca de 15 días de consumo promedio.
Como contexto adicional, las medidas provisionales en Brasil tienen carácter inmediato y vigencia por 120 días, prorrogables por otros 60 con aprobación del Congreso. Su uso en materia de combustibles refleja la necesidad de equilibrar la protección del consumidor con la estabilidad del mercado energético. Asimismo, la ANP, creada en 1997, actúa reglamentando, supervisando y fiscalizando la exploración y distribución de petróleo, gas natural y biocombustibles, dando soporte al marco institucional del sector.
