La bandera argentina ondea frente a un edificio público tras el fallo que restablece el decreto de Milei. (Foto: Instagram)
Una sala federal argentina decidió levantar la medida cautelar que impedía la vigencia del decreto de Javier Milei que eliminó el tope a la propiedad rural en manos de extranjeros. La resolución restablece así la plena aplicabilidad de la norma ejecutiva, que buscaba suprimir las restricciones sobre la cantidad de tierras agrícolas que podían adquirir personas o empresas no nacionales.
Hasta la promulgación de este decreto, existía un tope legal que establecía un porcentaje máximo de superficie rural susceptible de estar controlada por capitales foráneos. Dicho límite había sido introducido en la legislación con el objetivo de preservar la tenencia de tierra dentro de un umbral inicialmente planteado para salvaguardar la soberanía económica y garantizar que el sector agropecuario permaneciera bajo dominio mayoritariamente nacional.
El Gobierno de Javier Milei defendió la decisión alegando que la eliminación de dicha barrera estimulará la inversión extranjera directa en el campo, aportará modernización tecnológica y mejorará la competitividad del agro argentino en el mercado global. Según sus argumentos, la liberalización de la propiedad generaría un flujo de capitales que beneficiaría tanto a los grandes productores como a los pequeños agricultores, al dinamizar la demanda de servicios y maquinaria agrícola.
En su fallo, la sala federal justificó el levantamiento del bloqueo al considerar que el decreto presidencial se ajusta a la potestad que otorga la Constitución para emitir normas de necesidad y urgencia en materia económica. El tribunal resaltó la importancia de mantener el equilibrio entre los poderes del Estado, señalando que la función del Poder Judicial no debe convertirse en un veto automático a medidas expresamente dictadas por el Ejecutivo dentro de sus facultades reglamentarias.
Históricamente, la cuestión de la tenencia de tierras rurales en Argentina ha sido un asunto sensible. El sector agropecuario constituye uno de los pilares de la economía nacional y ha estado regulado por distintas normativas que, a lo largo de las décadas, han oscilado entre la apertura total y la instauración de límites a la propiedad extranjera. Cada cambio ha generado debates sobre la conveniencia de atraer inversión foránea frente a la necesidad de proteger la soberanía territorial y la tradición agraria local.
Con este fallo, la norma queda libre de trabas legales, pero el debate político no se agota. Ahora el Congreso podría retomar la discusión para aprobar una ley que establezca criterios definitivos y equilibrados sobre la materia. Además, el precedente judicial sienta un marco de referencia para futuros decretos del presidente Javier Milei, al reafirmar el alcance de sus atribuciones en materia económica y regulatoria.
