Imágenes del exprisionero cubano Alexander Díaz Rodríguez, de 45 años, comenzaron a repercutir internacionalmente tras su liberación, luego de haber permanecido cinco años en la cárcel. Según la organización no gubernamental española Prisoners Defenders, dedicada a la defensa de los derechos humanos y a la acción jurídica, Díaz Rodríguez salió de la prisión con claros signos de desnutrición y deterioro físico.
Díaz Rodríguez fue detenido en la provincia de Artemisa después de participar en las protestas del 11 de julio de 2021, una serie de movilizaciones en las que miles de cubanos salieron a la calle para exigir cambios políticos, mayor libertad de expresión y acceso a alimentos, medicamentos y suministros básicos. Aquella jornada marcó un momento histórico en la Isla, pues rara vez grupos tan numerosos se habían congregado para manifestarse contra el Gobierno.
Durante su reclusión, el exprisionero padeció varios problemas de salud sin recibir atención adecuada. Sufría cáncer de garganta y de tiroides, presentaba anemia, hepatitis B, episodios recurrentes de diarrea y edemas en extremidades. Según los informes de Prisoners Defenders, no se le proporcionó una dieta equilibrada, ni se le administraron los tratamientos oncológicos ni los medicamentos necesarios para controlar su estado. Tampoco dispuso de cuidados médicos básicos para la hepatitis B o la anemia.
El deterioro físico de Díaz Rodríguez quedó documentado en fotografías que muestran costillas marcadas, rostro demacrado y una evidente pérdida de masa muscular. Estas imágenes se difundieron en redes sociales tras su liberación y generaron condenas de organismos internacionales y de organizaciones de derechos humanos, que reclaman al Gobierno cubano el cumplimiento de las normas mínimas de trato a personas privadas de libertad.
Prisoners Defenders ha denunciado en varios informes los supuestos malos tratos y la falta de protocolos médicos apropiados en cárceles de Cuba, donde las condiciones de detención suelen ser críticas. Organismos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han pedido a las autoridades de la Isla información precisa sobre el número de personas detenidas durante las protestas de julio de 2021, así como condiciones de reclusión y accesos a asistencia sanitaria.
El Gobierno cubano, por su parte, niega la existencia de presos políticos y asegura que los manifestantes detenidos fueron procesados por actos de vandalismo y desorden público. En declaraciones oficiales, el presidente Miguel Díaz-Canel ratificó que las detenciones respondieron a una aplicación de la ley frente a conductas ilícitas, y no a castigos por el ejercicio de la libertad de expresión.
Históricamente, el sistema penitenciario cubano ha sido objeto de críticas por parte de la comunidad internacional. En informes de la Relatoría sobre los Derechos Humanos en Cuba de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se han señalado deficiencias en la infraestructura, hacinamiento, escasez de recursos y limitaciones al acceso de entidades independientes para verificar las condiciones de internamiento.
Tras su puesta en libertad, Díaz Rodríguez se encuentra bajo observación médica y ha recibido el apoyo de organizaciones solidarias que recogen fondos y medicación para su tratamiento. Su caso ha servido de ejemplo para subrayar la importancia de que los Estados garanticen el respeto a los derechos fundamentales de todas las personas, incluidas aquellas que se encuentren en situación de privación de libertad.
La repercusión internacional de su historia evidencia, además, la relevancia de la vigilancia de la comunidad civil y de la prensa libre para denunciar posibles violaciones de derechos humanos y promover mecanismos de control y transparencia en sistemas penitenciarios.
