Un artículo de opinión publicado por el diario norteamericano The Wall Street Journal afirmó que el Supremo Tribunal Federal (STF) y el ministro Alexandre de Moraes estarían promoviendo un “golpe de Estado” contra la democracia brasileña. El texto, firmado por la columnista Mary Anastasia O’Grady, recopila críticas a la actuación del ministro y del tribunal en investigaciones conducidas en los últimos años.
A lo largo del artículo, la autora sostiene que Moraes habría censurado opositores, ordenado detenciones y llevado a cabo indagaciones sin control institucional. El contenido compara la situación política brasileña con el modelo adoptado por gobiernos que la columnista califica de autoritarios.
Según el texto, los líderes del siglo XXI no recurren a golpes militares para alcanzar el poder, sino que “copian a Hugo Chávez, consolidando el control sobre instituciones democráticas mientras cuentan con apoyo popular, para luego encarcelar adversarios o forzarlos al exilio”.
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En la evaluación presentada por la columnista, el escenario habría comenzado en 2019, cuando el STF abrió el denominado “inquérito de las fake news” tras alegar ser objeto de amenazas. El artículo señala que, a partir de ese momento, Moraes asumió un papel activo en esa investigación.
La actuación del ministro durante las elecciones presidenciales de 2022, en las que presidió el Tribunal Superior Electoral (TSE), también es blanco de críticas en el texto. “El tribunal se volvió notablemente más político, vigilando el discurso de partidos, candidatos y ciudadanos, y censurando a quienes discrepaban”, afirma la autora.
La publicación cuestiona asimismo la gestión de las pesquisas relacionadas con los actos del 8 de enero de 2023. “Unos 1.500 sospechosos fueron detenidos, algunos retenidos hasta un año a la espera de juicio y condenados con severidad por infracciones menores”, sostiene el artículo, que añade que los opositores al gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva habrían sufrido una actuación judicial más rigurosa.
El artículo menciona también la decisión del STF de marzo de 2021, que anuló las condenas de Lula da Silva en el marco de la Operación Lava Jato. Según la columnista, ese fallo intensificó la insatisfacción de sectores de la derecha brasileña.
Asimismo, se hace referencia al “inquérito de las milicias digitales”, iniciado en 2021. En el texto, la autora afirma que empresas tecnológicas de Estados Unidos habrían sido presionadas para eliminar contenidos y desmonetizar perfiles, bajo amenaza de afrontar restricciones para operar en Brasil.
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En la conclusión, la columnista escribe que, “independientemente de lo que se piense sobre Jair Bolsonaro, es evidente que la política se ha adueñado del Supremo”. El artículo también menciona iniciativas de senadores de la oposición para intentar abrir un proceso de impeachment contra Alexandre de Moraes y señala que, según la autora, la sanción impuesta por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos al ministro con base en la Ley Magnitsky “parece haber llamado la atención de los demás miembros del tribunal, que probablemente entienden que podrían adoptarse nuevas medidas si Brasil no restablece el Estado de Derecho”.
El texto publicado por The Wall Street Journal es un artículo de opinión y refleja el análisis de la autora, sin representar una decisión judicial ni la postura oficial del diario sobre los hechos descritos.
Contexto adicional:
El Supremo Tribunal Federal es la máxima autoridad judicial de Brasil, compuesto por once magistrados nombrados por el presidente de la República y ratificados por el Senado Federal. Entre sus atribuciones figura la interpretación de la Constitución, el control de constitucionalidad de las leyes y la resolución de conflictos entre poderes. El Tribunal Superior Electoral, por su parte, es el órgano encargado de organizar y supervisar los procesos electorales en el país.
El inquérito de las “fake news” fue creado en marzo de 2019 para investigar la difusión de noticias falsas y ataques contra integrantes del STF y sus familiares, así como amenazas a la integridad de las instituciones democráticas. El inquérito de las milicias digitales, iniciado en 2021, tiene como objetivo indagar la posible existencia de grupos organizados que operan en redes sociales con actividades ilícitas de desinformación y financiamiento irregular.
La Ley Magnitsky de Estados Unidos, promulgada en 2016, permite sancionar a individuos y entidades responsables de violaciones graves de derechos humanos. La inclusión de un funcionario brasileño en esa lista supone el bloqueo de bienes en territorio estadounidense y la prohibición de entrada al país.
