Desde finales de 2025, el gobierno federal ha intensificado medidas contra las casas de apuestas en línea, conocidas como bets, debido al impacto económico y social negativo estimado en 38,8 mil millones de reales brasileños (aproximadamente 6,98 mil millones de euros) anuales. La ofensiva cobró fuerza en mayo de este año, especialmente contra las operaciones ilegales.
Una de las acciones más significativas para combatir el abuso de los juegos en Brasil se lanzó el año pasado. El 10 de diciembre de 2025, el gobierno federal puso a disposición una herramienta que permite a los ciudadanos realizar el autobloqueo de todos los sitios de apuestas de una sola vez. Hasta ahora, casi 700.000 personas han optado por la autoexclusión.
La Plataforma Centralizada de Autoexclusión también servirá como base de datos para estudios sobre el tema por parte del Ministerio de Salud. Este mecanismo de autoexclusión es una práctica de protección al usuario que permite al jugador con riesgo de ludopatía restringir voluntariamente su acceso a todas las plataformas de apuestas registradas, siguiendo modelos similares implementados en diversos países para prevenir los problemas asociados al juego compulsivo.
El proceso de bloqueo de fondos comienza con la Secretaría de Premios y Apuestas (SPA) identificando operadores irregulares y notificando a las instituciones financieras y al Banco Central. Las cuentas deben bloquearse en un plazo de hasta 24 horas, y la información sobre el bloqueo debe devolverse a la SPA en un máximo de 48 horas.
A continuación, la Secretaría Nacional de Seguridad Pública (Senasp) inicia un proceso administrativo, en el que los interesados tienen 15 días para presentar pruebas de la legalidad de los fondos, y otros 15 días para recurrir la decisión. Finalizado el proceso, los valores bloqueados se destinan al resarcimiento de los apostadores, a créditos tributarios y a multas, y el saldo remanente se incorpora al Fondo Nacional de Seguridad Pública (FNSP). El FNSP es el instrumento mediante el cual el gobierno canaliza recursos destinados a fortalecer las políticas de seguridad y prevención en todo el territorio nacional.
Finalmente, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP) remite el expediente a la Abogacía General de la Unión (AGU) para acciones judiciales, y el Banco Central efectúa la transferencia de los fondos al FNSP. Este esquema de colaboración interinstitucional refleja un enfoque integral que combina medidas administrativas, judiciales y la cooperación del sistema financiero para garantizar el cumplimiento de la normativa.
El presidente de la República, Luiz Inácio Lula da Silva, declaró que pretende acabar con las bets en Brasil, destacando el tema como parte de su campaña. En mayo de este año, afirmó que, si depende de él, defenderá el fin de las bets que no aportan utilidad al país. En el programa Novo Desenrola Brasil, Desenrola 2.0, el gobierno estableció que las personas que renegocien deudas no podrán participar en juegos de azar en línea durante 12 meses.
Según la Secretaría de Premios y Apuestas, hay 27 millones de apostadores en Brasil, y las pérdidas anuales ascienden a 38,8 mil millones de reales (aproximadamente 6,98 mil millones de euros), mientras que la recaudación en 2025 fue de 9,95 mil millones de reales (unos 1,79 mil millones de euros). Aún hay entre un 41 % y un 51 % de las plataformas operando ilegalmente, y el ministro de Hacienda, Dario Durigan, declaró tolerancia cero con estas operaciones. Recientemente, el gobierno anunció el bloqueo preventivo de recursos financieros de empresas de apuestas ilegales.
El Consejo Monetario Nacional aprobó una resolución para bloquear cuentas e impedir transacciones de quienes explotan apuestas sin autorización. Los bancos tienen un plazo de 24 horas para efectuar el bloqueo tras la notificación. El gobierno también apunta a los colaboradores de las bets, incluidos influencers que promocionan casas de apuestas ilegales, quienes estarán obligados a pagar impuestos. El secretario de la Receita Federal, Robinson Barreirinhas, afirmó que, además de las sanciones administrativas, la Agencia Tributaria cobrará Impuesto sobre la Renta y PIS/Cofins a estos influencers.
El pasado viernes, Durigan anunció una nueva medida que afectará a las empresas autorizadas: la obligatoriedad de mostrar alertas sobre los riesgos para la salud y financieros de los juegos de apuestas.
