Desde finales de 2025, el gobierno federal brasileño ha intensificado las medidas contra las casas de apuestas en línea, conocidas como “bets”, debido al impacto económico y social negativo estimado en unos 7 000 millones de euros anuales. La ofensiva cobró fuerza en mayo de este año, especialmente contra las operaciones que funcionan sin autorización legal.
Una de las iniciativas más significativas para combatir el abuso de los juegos de azar en Brasil se puso en marcha el 10 de diciembre de 2025. En esa fecha, el gobierno federal lanzó una herramienta que permite a los ciudadanos realizar el autobloqueo de forma masiva en todos los sitios de apuestas de una sola vez. Hasta ahora, casi 700 000 usuarios han optado por la autoexclusión, una medida que busca disminuir el riesgo de ludopatía y las consecuencias financieras asociadas.
La Plataforma Centralizada de Autoexclusión también se convertirá en una base de datos para estudios sobre el tema a cargo del Ministerio de Salud. Esta plataforma recoge información agregada sobre patrones de uso y perfil demográfico de quienes eligen restringir su acceso a los juegos de azar en línea, con el fin de diseñar políticas de prevención más eficaces.
El proceso de bloqueo de recursos inicia con la Secretaría de Prêmios e Apostas (SPA), que identifica a los operadores irregulares y notifica a las instituciones financieras y al Banco Central de Brasil. Según la normativa, las cuentas deben ser bloqueadas en un plazo máximo de 24 horas, y las entidades deben informar el resultado a la SPA dentro de las 48 horas siguientes.
A continuación, la Secretaría Nacional de Seguridad Pública (Senasp) abre un proceso administrativo. Los operadores señalados disponen de 15 días para presentar pruebas de la legalidad de sus recursos y otros 15 días adicionales para presentar un recurso contra la decisión inicial. Esta fase garantiza el derecho de defensa y la revisión de casos potencialmente complejos.
Una vez concluido el trámite, los montos bloqueados se destinan preferentemente al resarcimiento de apostadores afectados, al pago de créditos tributarios y al cobro de multas administrativas. El remanente se transfiere al Fondo Nacional de Seguridad Pública (FNSP). Finalmente, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP) remite el expediente a la Advocacia-Geral da União (AGU) para la correspondiente acción judicial, mientras que el Banco Central efectúa la transferencia definitiva de fondos al FNSP.
El presidente de la República, Luiz Inácio Lula da Silva, ha declarado su intención de erradicar las “bets” en Brasil, un tema que figura en su programa de campaña. En mayo pasado, afirmó que defenderá el fin de las apuestas en línea que no aporten ningún beneficio al país.
En el marco del programa Novo Desenrola Brasil, conocido como Desenrola 2.0, el gobierno estableció que las personas que renegocien deudas no podrán participar en juegos de azar en línea durante 12 meses, con el objetivo de fomentar prácticas financieras responsables.
Según datos de la SPA, existen 27 millones de apostadores en Brasil, las pérdidas anuales suman unos 7 000 millones de euros y la recaudación fiscal en 2025 alcanzó alrededor de 1 800 millones de euros. Entre el 41 % y el 51 % de las plataformas operan de forma ilegal, y el ministro de Hacienda, Dario Durigan, ha prometido tolerancia cero contra estas actividades.
El Consejo Monetario Nacional aprobó recientemente una resolución que obliga a los bancos a bloquear cuentas e impedir transacciones de operadores de apuestas sin autorización. Las entidades financieras disponen de un plazo de 24 horas para ejecutar el bloqueo tras recibir la notificación.
El gobierno también apunta a los colaboradores de las “bets”, incluidos influencers que promocionan casas de apuestas ilegales. El secretario de la Receita Federal, Robinson Barreirinhas, ha anunciado que, además de las sanciones administrativas, la agencia fiscal exigirá el pago del Impuesto sobre la Renta y las contribuciones de PIS/Cofins correspondientes.
La pasada semana, Durigan presentó una nueva medida para las empresas de apuestas autorizadas: deberán mostrar de forma obligatoria avisos sobre los riesgos para la salud y las finanzas que conlleva la participación en juegos de azar en línea.
En los últimos años, el crecimiento de las apuestas en línea en Brasil ha estado impulsado por el mayor acceso a Internet y la proliferación de aplicaciones móviles. La ausencia de un marco regulatorio estricto permitió el florecimiento de plataformas ilegales, lo que generó un costo social y fiscal significativo.
A nivel internacional, varios países han adoptado sistemas de autoexclusión y bloqueo de transacciones para atajar el juego problemático. Brasil se alinea así con estas prácticas, buscando un equilibrio entre la oferta legal controlada y la protección de los consumidores.
El despliegue de estas medidas supone un reto logístico y técnico, pues requiere la colaboración estrecha de agencias gubernamentales, entidades financieras y operadoras de telecomunicaciones. Sin embargo, las autoridades confían en que este esfuerzo conjunto mitigará los efectos nocivos del juego descontrolado y reforzará la seguridad pública.
