El Senado de Brasil aprobó la noche del jueves 12 de noviembre el texto principal del proyecto de ajuste fiscal del Gobierno federal. La propuesta podría generar un ahorro de hasta unos 9.050 millones de euros en 2027. Recibió 45 votos a favor y 31 en contra. El proyecto fue presentado por Jaques Wagner, del Partido de los Trabajadores y líder del Gobierno en el Senado, y tuvo como ponente a Eduardo Braga, del Movimiento Democrático Brasileño, quien habló con la Agência Senado. Las cantidades en euros son conversiones aproximadas.
La aprobación supone un avance para las cuentas públicas brasileñas, aunque el texto todavía debe completar su tramitación en el Congreso y puede seguir después a la Cámara de los Diputados. La propuesta reúne medidas para contener el crecimiento del gasto público, reducir beneficios fiscales y mejorar el resultado presupuestario. El Ejecutivo calcula que podría ahorrar entre unos 7.275 y 9.050 millones de euros el próximo año. La cifra dependerá de cómo se apliquen las normas y de la evolución de los ingresos y los gastos; no constituye, por tanto, un ahorro garantizado de antemano.
La votación también supone una señal para los mercados financieros sobre la intención del Gobierno de reforzar el control de las cuentas y cumplir los objetivos fiscales. Sin embargo, las medidas no bastan por sí solas para resolver los problemas estructurales de las finanzas públicas, y existen dudas sobre el alcance del ahorro previsto y cuánto durarán sus efectos. El Gobierno defiende que el equilibrio fiscal es necesario para ejecutar el presupuesto y mantener las políticas públicas.
Entre los cambios incluidos figura la posibilidad de limitar al 2% el crecimiento real de determinadas partidas de gasto, siempre dentro de las condiciones establecidas en el proyecto. El objetivo es impedir que algunos gastos aumenten por encima de la capacidad financiera del Gobierno. El texto también contempla revisar los beneficios fiscales concedidos a distintos sectores económicos. Estas ventajas implican ingresos que la Administración deja de recaudar, por lo que reducir parte de ellas busca reforzar el presupuesto federal.
La propuesta autoriza, además, bloqueos adicionales de partidas si existe riesgo de incumplir las reglas presupuestarias. En ese caso, el Gobierno podría restringir determinados gastos para tratar de alcanzar las metas fiscales. El texto concede asimismo al Congreso un plazo de 120 días para analizar medidas relacionadas con los llamados «supersalarios» del servicio público. Estas disposiciones forman parte del conjunto de instrumentos fiscales aprobado en la votación del texto principal.
El proyecto es el PLP 299/2026. Durante su tramitación, el ponente Eduardo Braga aceptó más de 20 enmiendas y modificó el texto presentado por Jaques Wagner. Pese a la aprobación de la propuesta principal, los senadores todavía deben votar cuatro propuestas de modificación que pueden afectar a puntos concretos. Está previsto que esta fase concluya el martes 17 de noviembre. Por ello, la votación definitiva en el Senado aún depende de ese análisis.
Una vez completada la etapa en el Senado, el proyecto pasará a la Cámara de los Diputados. Si obtiene la aprobación del Congreso, también necesitará la sanción presidencial para entrar en vigor. La mejora fiscal prevista no significa que el ahorro vaya a destinarse automáticamente a sanidad, educación o programas sociales: se trata de una estimación que podría contribuir al cumplimiento de las metas y a la sostenibilidad de las cuentas públicas. La aprobación tampoco garantiza por sí sola una bajada de los tipos de interés ni un aumento de la inversión social. El resultado económico dependerá de factores como la inflación, los tipos de interés, el crecimiento económico y la recaudación.
