La Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) ha elegido a Irán para formar parte del Comité de Programa y Coordininación, un órgano que participa en la definición de las prioridades y actividades de la organización. Entre los asuntos relacionados con su trabajo figuran cuestiones vinculadas a los derechos humanos y a los derechos de las mujeres. La decisión ha abierto un debate sobre la actuación de la ONU en la defensa de los derechos fundamentales.
El Gobierno iraní obtuvo 144 votos y ocupará un puesto en el comité durante tres años. El mandato comenzará en enero de 2027. La elección ha llamado la atención de organizaciones y defensores de los derechos humanos por las políticas que las autoridades iraníes aplican a las mujeres en el país, donde existen diversas restricciones legales y sociales.
Entre las normas señaladas figura la obligación de llevar velo en los espacios públicos. También hay diferencias previstas en la legislación en asuntos como el matrimonio, el divorcio, la herencia y la custodia de los hijos. Estas disposiciones afectan a distintos aspectos de la vida cotidiana y de la situación jurídica de las mujeres.
Las restricciones alcanzan asimismo a quienes cuestionan las normas establecidas por las autoridades. Las activistas y otras mujeres que se manifiestan contra esas disposiciones pueden afrontar detenciones, procesos judiciales y otras formas de represión. Estos elementos forman parte del contexto en el que se ha producido la elección y explican por qué la incorporación de Irán al comité ha suscitado críticas.
El Comité de Programa y Coordinación participa en la organización de prioridades y actividades de la ONU. Su trabajo incluye áreas relacionadas con los derechos de las mujeres y los derechos humanos, por lo que la presencia de Irán en ese órgano ha generado preguntas entre quienes consideran que existe una contradicción entre esa función y las políticas aplicadas dentro del país. La controversia se centra en la relación entre la representación de un Estado en un organismo internacional y las medidas que adopta en su territorio.
La elección también ha reavivado el debate sobre los criterios que emplean los Estados miembros para escoger a los representantes de los distintos órganos de Naciones Unidas. La Asamblea General está integrada por los Estados miembros y sus decisiones se adoptan mediante votaciones. En este caso, el resultado fue de 144 votos para Irán y el mandato previsto tendrá una duración de tres años, a partir de enero de 2027.
La decisión no pone fin a las diferencias sobre la situación de los derechos de las mujeres en Irán. Al contrario, ha situado de nuevo esas políticas en el centro de la discusión sobre el papel de la ONU y la participación de sus miembros en sus estructuras. Los críticos cuestionan que un país sometido a reproches por sus restricciones internas forme parte de un órgano que interviene en la definición de prioridades de la organización en ámbitos relacionados con derechos fundamentales.
El episodio refleja el desafío que afronta la ONU al intentar conciliar sus principios de promoción de los derechos humanos con las decisiones políticas adoptadas por sus Estados miembros. La elección de representantes en sus órganos responde a los mecanismos de participación de esos países, mientras que las críticas a las políticas nacionales pueden seguir expresándose en los debates sobre derechos fundamentales. En el caso iraní, la votación ha vuelto a poner de manifiesto esa tensión.
