El Senado Federal de Brasil aprobó por unanimidad la Propuesta de Enmienda a la Constitución (PEC) de Seguridad Pública el martes 3 de noviembre. En la segunda votación obtuvo 75 votos a favor y ninguno en contra, después de haber recibido 73 votos favorables y cero contrarios en la primera. Presentada por el Gobierno de Lula en 2025, la iniciativa ya había sido aprobada por la Cámara de Diputados y ahora queda pendiente de promulgación por el Congreso Nacional.
El texto establece la actuación coordinada de la Unión, los estados y los municipios, e introduce cambios en el Sistema Único de Seguridad Pública (Susp), la Policía Federal, la Policía Federal de Carreteras (PRF) y el sistema penitenciario. Entre las cuestiones vinculadas a su aplicación figuran la supervisión del Ministerio Público y la creación de un Ministerio de Seguridad Pública, que deberá coordinar las políticas nacionales y las acciones contra organizaciones como el Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV).
El acuerdo entre parlamentarios de izquierdas y derechas permitió avanzar en medidas para compartir información policial, realizar operaciones contra el crimen organizado y garantizar más recursos para la seguridad pública. La propuesta también establece normas más estrictas para los dirigentes de facciones y milicias, y abre la posibilidad de crear policías municipales.
Para alcanzar el acuerdo, los senadores decidieron, por 38 votos frente a 36, dejar para un análisis independiente la posibilidad de exigir responsabilidad penal a adolescentes a partir de los 16 años, o desde los 14 en determinados delitos graves. Rogério Carvalho, ponente de la PEC, defendió retirar las enmiendas relativas a la edad penal. Rogério Marinho, líder de la oposición, apoyaba reducirla. La decisión evitó que esta discrepancia retrasara la votación del texto principal.
La PEC pretende acercar la actuación de los Gobiernos federal, estatales y municipales en la lucha contra la violencia. El Susp quedará expresamente recogido en la Constitución, lo que reforzará la cooperación entre las fuerzas policiales federales, estatales y municipales. Esta colaboración incluirá el intercambio de información, pruebas y sistemas de inteligencia.
La propuesta también amplía la actuación federal en delitos que atraviesan las fronteras de los estados y facilita las operaciones contra organizaciones criminales presentes en distintas regiones. Además de en las carreteras, la PRF podrá realizar labores policiales en ferrocarriles y vías navegables federales. Con ello se ampliará la vigilancia de las rutas utilizadas para transportar mercancías y también por grupos criminales.
El texto establece normas penales más severas para las organizaciones criminales de alta peligrosidad, especialmente para sus dirigentes, e incluye medidas dirigidas a los bienes y el dinero relacionados con las actividades de facciones y milicias. También prevé una mayor integración de los organismos responsables de las prisiones mediante un Sistema de Políticas Penales. Según la regulación que se establezca, los líderes criminales podrán cumplir condena en centros de máxima seguridad.
Los fondos destinados a la seguridad y al sistema penitenciario estarán protegidos frente a bloqueos o desvíos hacia otros fines. A partir de 2027, el 10 % del superávit financiero del fondo social del presal deberá destinarse gradualmente a estas áreas.
Los municipios podrán transformar sus guardias municipales en policías municipales de naturaleza civil, siempre que cumplan los requisitos de formación, estructura y capacidad financiera. Estas fuerzas podrán realizar labores de vigilancia preventiva y comunitaria, y estarán supervisadas por el Ministerio Público. La PEC también contempla órganos de control interno con autonomía para investigar irregularidades y oficinas independientes de atención ciudadana para hacer un seguimiento de las fuerzas de seguridad.
Asimismo, se prevén sanciones más estrictas para determinados delitos cometidos con violencia o amenaza grave, incluidos los perpetrados contra mujeres, niños y adolescentes. En las infracciones de menor gravedad, los organismos de seguridad podrán registrar los hechos y remitirlos electrónicamente a la Justicia, sin que sea necesario acudir a una comisaría en todos los casos.
El siguiente paso será la promulgación por el Congreso Nacional, en una fecha aún por determinar. Al tratarse de una propuesta de enmienda constitucional, no necesita la sanción presidencial, a diferencia de los proyectos de ley ordinarios. Una vez promulgada y publicada, se incorporará a la Constitución. Algunas medidas, sin embargo, dependerán todavía de leyes específicas, reglamentos e inversiones para poder aplicarse. La aprobación en el Senado pone fin a la votación de la propuesta en el Legislativo, tras los debates y cambios introducidos desde que el Gobierno federal la presentó en 2025.
Lula pretende aprovechar la aprobación para crear el Ministerio de Seguridad Pública, una promesa de campaña. La nueva cartera deberá coordinar las políticas de seguridad a escala nacional, ampliar el diálogo con los gobernadores e integrar a las fuerzas policiales en la lucha contra las facciones. El Gobierno trabaja en la definición de la estructura del ministerio y en la elección de su titular. Entre los nombres mencionados para el cargo figura Lincoln Gakiya, fiscal del Ministerio Público de São Paulo conocido por sus investigaciones sobre el PCC. La intención es concentrar en la nueva estructura las acciones federales contra el crimen organizado, con especial atención al PCC y al CV.
