Una protesta multitudinaria reunió a miles de personas ante el Tribunal Constitucional de Polonia, en Varsovia, durante la madrugada del sábado 31 de octubre. La policía estableció un cordón de seguridad y detuvo a tres personas. (Foto: Instagram)
Una disputa sobre el Tribunal Constitucional de Polonia desembocó en una protesta multitudinaria en Varsovia durante la madrugada del sábado 31 de octubre. La policía estableció un cordón de seguridad en torno al tribunal y comunicó que había detenido a tres personas. El presidente polaco, Karol Nawrocki, interrumpió su viaje de Estado a Senegal y regresó al país; después, accedió con dificultades a la sede judicial. En las redes sociales escribió que debía estar en Polonia y que suspendía el vuelo.
Una publicación en redes sociales acusó a Nawrocki de atacar físicamente a la jueza Anna Korwin Piotrowska, que preside el Tribunal Constitucional. La afirmación apareció en un mensaje de la cuenta e-wrzosek. La información publicada también indicó que un vídeo mostraba al presidente entrando en el tribunal, pero no aportó más detalles que permitieran confirmar la acusación difundida en ese mensaje.
La movilización se produjo después de que el ministro de Justicia, Waldemar Żurek, anunciara que había solicitado retirar la inmunidad al presidente del tribunal, Bogdan Święczkowski, y al vicepresidente, Bartłomiej Sochański. El objetivo, según explicó, era poder presentar cargos penales contra ambos. La decisión provocó que el primer ministro, Donald Tusk, fuera acusado de intentar dar un golpe de Estado.
Según el diario Wyborcza, la iniciativa del ministro llegó después de que Święczkowski impidiera ejercer sus funciones a cinco jueces nombrados por la cámara baja del Parlamento polaco. Nawrocki se había negado a aceptar el juramento de esos magistrados. Su ausencia impidió aprobar la propuesta presupuestaria del tribunal e incorporarla a la ley de presupuestos de 2027. El presidente criticó la destitución de Święczkowski y convocó para el sábado consultas urgentes con representantes de las fuerzas parlamentarias, con el propósito declarado de estabilizar la situación política y restablecer el orden constitucional.
La disputa sobre la legitimidad del Tribunal Constitucional se prolonga desde hace más de una década. Tras la llegada al poder de un partido nacionalista en 2015, se impulsó una reforma judicial que, según sus promotores, debía evitar interferencias en la dirección del país; entre las medidas figuró el nombramiento acelerado de jueces afines. La Unión Europea sancionó a Polonia al considerar que esos cambios vulneraban la independencia judicial y el Estado de derecho.
Desde que Tusk asumió el cargo de primer ministro en 2023, su Gobierno ha tratado de recuperar las exigencias de la Unión Europea. El viernes 30 de octubre, Tusk escribió en redes sociales que restaurar el Estado de derecho era un deber y que, tras años de ilegalidades del PiS, el proceso resultaba difícil y a veces doloroso, pero requería determinación. Nawrocki discrepa de esos cambios. El embajador de Estados Unidos en Polonia, Tom Rose, describió la situación como un enfrentamiento sin precedentes sobre el uso del poder estatal y la independencia y autoridad de una institución constitucional. Advirtió de que las versiones de ambos bandos eran muy distintas y de que la concentración de miles de personas ante el tribunal podía hacer aún más explosiva una situación ya peligrosa.
