El presidente Luiz Inácio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores (PT), reelegido para un cuarto mandato, ha presentado propuestas para los próximos cuatro años que incluyen el fin de la jornada laboral 6×1, la ampliación de programas educativos, cambios en el Sistema Único de Salud (SUS) y la creación de un Ministerio de Seguridad Pública. Las medidas figuran en el programa de gobierno para el periodo 2027-2031, registrado ante el Tribunal Superior Electoral (TSE).
Una de las principales promesas es reducir la jornada semanal de 44 a 40 horas sin disminuir los salarios y acabar con el sistema 6×1, en el que el trabajador dispone de un día de descanso por cada seis jornadas trabajadas. La propuesta requeriría la aprobación del Congreso Nacional, por lo que su aplicación dependería del trámite legislativo y del respaldo de los representantes. El planteamiento afecta tanto a la duración semanal del trabajo como a la distribución de los días laborables y de descanso.
En el ámbito económico, Lula pretende mantener la política de revalorización del salario mínimo, con subidas por encima de la inflación. El programa también contempla ampliar el acceso al crédito para pequeños emprendedores, ofrecer asistencia técnica y reforzar las iniciativas dirigidas a microempresas y pequeñas empresas. Estas medidas se orientan a respaldar la actividad de negocios de menor tamaño mediante financiación y apoyo especializado, además de mantener la protección del poder adquisitivo de los salarios.
En educación, el presidente se ha comprometido a mantener y fortalecer Pé-de-Meia, un programa que ofrece incentivos económicos a estudiantes de la enseñanza secundaria pública. El plan incluye asimismo ampliar la educación a tiempo completo, extender la red de institutos federales y garantizar el acceso a internet en todas las escuelas. En conjunto, las propuestas abarcan ayudas para los estudiantes, la duración de la jornada educativa, la oferta de centros y la conectividad escolar.
Otra prioridad es mejorar el acceso a los servicios públicos de salud. Entre las medidas planteadas está implantar un historial clínico único para cada ciudadano y ampliar las herramientas digitales para solicitar citas y consultar los resultados de las pruebas médicas. La propuesta busca centralizar información sanitaria y facilitar gestiones que forman parte de la atención pública.
El Gobierno también prevé recurrir a la inteligencia artificial para ayudar a organizar las listas de espera del SUS. Según el plan, estas herramientas permitirían ordenar la atención y priorizar a los pacientes atendiendo a la gravedad de cada caso y a los riesgos clínicos. Se trata de una propuesta de apoyo a la organización de las colas, dentro del sistema público brasileño.
Farmácia Popular seguirá siendo una de las prioridades. El programa prevé mantener la distribución gratuita de medicamentos y ampliar sus prestaciones para incluir pruebas de laboratorio y procedimientos de seguimiento de enfermedades crónicas, como la hipertensión y la diabetes. La ampliación propuesta añadiría servicios de control y atención a los que ya contempla el programa.
En materia de seguridad pública, Lula plantea crear un ministerio específico para esta área, una iniciativa condicionada a la aprobación de la Propuesta de Enmienda Constitucional sobre Seguridad Pública. La nueva cartera coordinaría políticas nacionales y reforzaría la cooperación entre el Gobierno federal, los estados y los municipios. El programa también propone combatir la financiación de organizaciones criminales y fortalecer las investigaciones sobre blanqueo de capitales, tráfico de armas y actuación de las milicias.
Para el sistema penitenciario, las medidas incluyen aumentar la capacidad operativa de las prisiones federales y establecer normas nacionales para clasificar y trasladar a internos considerados de alta peligrosidad. El plan incorpora también políticas dirigidas a las mujeres: prevé ampliar la red de respuesta frente a la violencia, incluidas las Casas de la Mujer Brasileña y los centros de referencia, y reforzar los mecanismos de protección a las víctimas.
En el área medioambiental, el presidente mantiene el objetivo de alcanzar la deforestación neta cero antes de 2030. Para ello, el programa contempla inversiones en conservación y vigilancia ambiental, así como medidas de adaptación al cambio climático. Las propuestas descritas forman parte del plan registrado para el periodo 2027-2031 y abarcan ámbitos cuya ejecución dependerá de las medidas concretas y, cuando corresponda, de las decisiones legislativas necesarias.
