Estudiantes franceses protestan en un puente de París junto a la catedral de Notre Dame con una pancarta que reclama una universidad gratuita y abierta a todos. (Foto: Instagram)
Francia afronta desde finales de septiembre la mayor movilización estudiantil de las últimas décadas. El movimiento, que comenzó con una huelga de profesores y alumnos en un instituto de las afueras de París por la escasez de personal docente y medios, se ha extendido por todo el país y reúne a miles de estudiantes, maestros y fuerzas de seguridad.
Centenares de centros educativos han cerrado sus puertas o han visto alteradas sus actividades desde el inicio de las manifestaciones. Según datos oficiales, más de 5 000 personas han sido detenidas, en su mayoría adolescentes sin antecedentes penales, durante los enfrentamientos con la policía.
La escalada de violencia ha dejado además numerosos heridos. En la ciudad de Lens, un estudiante perdió una mano al manipular una granada, mientras que en Tours otro joven sufrió la pérdida total de visión en un ojo. También agentes de la Policía y varios docentes resultaron lesionados en los choques.
La protesta arrancó el 21 de septiembre en un instituto de la región metropolitana de París, donde alumnos y profesores denunciaron la falta de personal y recursos básicos para el funcionamiento correcto del centro. Tras la incorporación de docentes adicionales y la finalización de la huelga local, el caso se convirtió en el detonante de un movimiento más amplio. Ya se han registrado daños en más de 100 centros, con barricadas improvisadas, quema de papeleras y enfrentamientos callejeros. La situación ha tomado por sorpresa tanto a las autoridades como a parte del propio movimiento estudiantil, en un contexto en el que hoy hay menos profesores que en 2008 pese a contar con 250 000 alumnos más, y en el 70 % de las aulas públicas superan los 30 estudiantes.
Los manifestantes han denunciado episodios de abuso policial. En Alençon, un vídeo muestra a un agente aplicando un “mata-león” a una joven, una técnica prohibida por la legislación francesa. El Gobierno, por su parte, defiende la actuación de los cuerpos de seguridad ante los daños causados. Solo en la región de París, los perjuicios en instalaciones educativas se estiman en unos 7 millones de euros (aprox.).
La dimensión política del conflicto se intensificó con la implicación de La France insoumise (LFI), liderada por Jean-Luc Mélenchon, que reivindicó el derecho de los estudiantes a manifestarse. Con el recrudecimiento de los incidentes, se llegaron a producir cerca de 2 000 detenciones en un solo día. El 2 de octubre, el ministro de Educación, Édouard Geffray, mantuvo un encuentro con representantes estudiantiles sin alcanzar un acuerdo. La movilización ha extendido su convocatoria a este martes 6 de octubre con un llamamiento a una huelga nacional.
Estas protestas coinciden con un momento de fuerte presión sobre las cuentas públicas: el Ejecutivo busca aprobar el presupuesto de 2027 con un déficit cercano al 5 % del PIB, lo que limita el margen para incrementar la inversión en educación. Además, el ambiente evoca los sucesos de mayo de 1968, cuando una revuelta universitaria desembocó en una huelga general que paralizó el país. Medio siglo después, el clamor estudiantil ha regresado con una reivindicación esencial: disponer de condiciones dignas para poder estudiar.
