Douglas Stewart Carter, de 71 años, recuperó la libertad bajo fianza en el estado de Utah, Estados Unidos, tras haber permanecido más de cuatro décadas en el corredor de la muerte. Su excarcelación, autorizada el lunes 28 de septiembre, es fruto de una nueva pericia genética que descartó su ADN como fuente de las muestras encontradas en la escena del crimen que costó la vida a Eva Olesen en 1985.
La jornada de revisión genética se inició a petición de la defensa, que consiguió autorización judicial para someter a análisis modernos —incluidos perfiles de ADN mitocondrial y pruebas de fragmentos de ADN en condiciones degradadas— restos biológicos hallados en el mango de la daga utilizada en el homicidio, así como sangre localizada en la manilla de la puerta de la residencia de la víctima. El resultado, entregado al tribunal el 22 de septiembre, concluyó que el perfil genético no coincidía con el de Carter.
Ante esta prueba pericial, la Fiscalía de Utah retiró oficialmente su intención de solicitar la pena capital en un nuevo juicio. Sin embargo, Carter sigue imputado por homicidio cualificado, un cargo que conlleva penas de prisión perpetua, en virtud de la calificación de su conducta establecida en la legislación penal del estado.
El caso de Carter se fundamentó originalmente en dos pilares: una confesión que él mismo afirma haber firmado bajo coerción policial y los testimonios de dos testigos que más tarde retractaron sus declaraciones. Ambos interlocutores sostuvieron, en instancias posteriores, que habían sido presionados por las autoridades, amenazados con deportación y sobornados con dinero y regalos para incriminar al acusado.
La situación motivó que en 2025 el Tribunal Supremo de Utah ordenara un nuevo juicio, subrayando irregularidades y mala praxis durante la investigación inicial. Entre los motivos, se citó la ausencia de pruebas físicas directas contra Carter en el momento de la condena, así como la falta de cumplimiento de garantías básicas en la toma de declaraciones.
Mientras aguarda el juicio de reapertura, bajo supervisión judicial, Carter deberá llevar colocada una tobillera electrónica con sistema de posicionamiento por satélite (GPS). Este recurso de monitoreo se emplea con frecuencia en Estados Unidos para facilitar la libertad provisional en casos de alto perfil, minimizando el riesgo de fuga y garantizando el seguimiento por parte de las autoridades.
El uso de la medicina forense avanzada ha permitido, en los últimos años, la exoneración de decenas de personas en casos de pena de muerte en todo el país. Instituciones como el Proyecto de Inocencia (Innocence Project) han impulsado campañas de revisión de condenas basadas en ADN y han documentado más de 350 exoneraciones hasta la fecha. Utah, uno de los 27 estados que mantienen activa la pena de muerte, ha aplicado la dosis letal en ocho ocasiones desde 1977, aunque no ejecuta a ningún condenado desde 2010.
El proceso de apelación y revisión judicial en el sistema estadounidense consta de varias instancias: tribunales de circuito, cortes estatales supremas y, finalmente, el Tribunal Supremo federal. En el caso de Carter, la instrucción sobre mala conducta policial y la revelación de nuevas pruebas forenses sirvieron de base para la intervención de la sala superior del estado de Utah, que exigió un nuevo juicio conforme a estándares de debido proceso.
La historia de Carter refleja el debate en Estados Unidos acerca de la fiabilidad de las confesiones obtenidas bajo presión, la validez de testigos que luego cambian su relato y el papel de la ciencia en la justicia penal. Mientras el juicio de reapertura se programa en fechas aún por definir, la defensa prepara el expediente para solicitar la nulidad absoluta de las acusaciones, sosteniendo que no existen elementos materiales que vinculen a Carter con el crimen.
