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Fundador de Playboy había denunciado a Jeffrey Epstein por violación

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Documentos judiciales revelaron que Hugh Hefner, fundador de Playboy, recurrió al FBI en 2005 tras recibir el relato de una de sus modelos, quien afirmaba haber sido víctima de violación y trata sexual por parte del financiero Jeffrey Epstein. La mujer se habría presentado en la Mansión Playboy buscando protección y decidió confiar su testimonio al empresario debido a su influencia y alcance mediático.

Según los registros, Hefner transmitió de inmediato esa versión de los hechos a las autoridades federales de Estados Unidos. El caso también involucró a otras figuras vinculadas al ámbito financiero global, aunque los documentos no detallan públicamente sus nombres. La denuncia se presentó años antes de que Epstein fuera condenado por delitos sexuales en 2008 en Florida y antes de las acusaciones que finalmente salieron a la luz en 2019, cuando fue detenido en Nueva York.

A pesar de la antelación de la denuncia, el proceso de actuación del FBI plantea interrogantes: la investigación interna señala que las autoridades federales no contactaron con la presunta víctima hasta aproximadamente quince años después de recibir la información aportada por Hefner. Este retraso en la atención de un caso considerado de extrema gravedad ha sido uno de los puntos centrales de cuestionamiento en el expediente judicial.

El sistema jurídico estadounidense contempla protocolos específicos para la investigación de denuncias por violación y trata de personas. Normalmente, cuando la Oficina Federal de Investigación (FBI) recibe información de este tipo, se considera un asunto de jurisdicción federal, especialmente si hay indicios de tráfico internacional de personas. El retraso documentado en este expediente ha reavivado el debate sobre la eficacia y los recursos destinados a estos protocolos.

Hugh Hefner, fallecido en 2017, fundó Playboy en 1953 y logró convertir la revista en un referente del entretenimiento para adultos. A lo largo de su trayectoria, Hefner se definió a sí mismo como un defensor de la libertad de expresión, aunque su legado ha sido objeto de polémica a raíz de las acusaciones de explotación y abuso sexual vinculadas a algunos de sus colaboradores y asociados.

Por su parte, Jeffrey Epstein acumuló una trayectoria llena de sombras: primero como gestor de grandes patrimonios, con contactos en la alta sociedad y con políticos de distintas corrientes; luego, tras su condena en 2008 por delitos contra menores en Florida, se le impuso una pena de prisión que, a ojos de muchos críticos, fue considerada indulgente. En julio de 2019, fue detenido de nuevo en Nueva York por acusaciones de explotación sexual de menores y tráfico de personas con fines de abuso sexual. Su muerte, ocurrida pocas semanas después en una prisión de Manhattan, desató numerosas teorías y controversias alrededor de la investigación.

La reacción oficial del FBI ante los señalamientos de demoras en la tramitación de la denuncia no se ha hecho pública en su totalidad, aunque en procedimientos similares suele abrirse una revisión interna para evaluar posibles fallos en la cadena de mando o en la asignación de recursos. La agilidad en la atención a víctimas de delitos sexuales es uno de los estándares que el Departamento de Justicia de Estados Unidos promueve a través de directrices específicas.

La modelo que acudió a Hefner, según los documentos, esperaba que el magnate usara su posición para garantizar su protección y asegurar que la denuncia no quedara sin respuesta. El hecho de que la víctima haya permanecido tanto tiempo sin contacto oficial añade complejidad al debate sobre la confianza de las personas que sufren este tipo de agresiones en los sistemas de justicia.

Este caso se suma a una serie de críticas más amplias sobre la actuación de las autoridades federales en investigaciones relacionadas con figuras de alto nivel y asuntos de tráfico sexual. A nivel internacional, organizaciones de derechos humanos han señalado la necesidad de reforzar la cooperación entre agencias y agilizar protocolos de protección a víctimas.

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