La Policía Federal (PF) encontró mensajes intercambiados entre Fábio Luís Lula da Silva, conocido como Lulinha, hijo del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, y la lobista Roberta Luchsinger, investigada por sospecha de participación en el esquema de fraudes del Instituto Nacional del Seguro Social (INSS). Según informa el diario O Globo, en una de las conversaciones registrada en marzo de 2024, Roberta afirma que ambos estarían en un nivel diferente y menciona Suiza como destino futuro.
“Nuestro nivel está en otro. Nuestro futuro es Suiza. Pocos negocios son buenos (sic). Esta gente aquí está en otra onda”, escribió Roberta. Lulinha respondió: “Eso. Déjalos. Trabajo como un cabrón y nunca sale nada”.
Los diálogos forman parte de las diligencias de la PF en tres inqueritos que tramitan ante el Supremo Tribunal Federal (STF) por supuestas acusaciones de tráfico de influencia en el Gobierno federal. En Brasil, la Policía Federal es el organismo responsable de investigar delitos contra la administración pública y la seguridad nacional, así como de coordinar acciones con otras instituciones como la Receita Federal y el Ministerio Público.
Según las pruebas recopiladas, Lulinha y Roberta mantienen una relación de amistad de larga data, lo que motivó que el propio presidente Lula llegara a comentarlo en privado con su hijo. Entre los mensajes incautados por los agentes, también consta la alusión a reuniones celebradas con Marco Aurélio Santana Ribeiro, alias Marcola, exjefe de gabinete presidencial, y Swedenberger Barbosa, exsecretario ejecutivo del Ministerio de Salud. En aquel periodo, Marcola era el encargado de planificar la agenda del presidente con diputados, ministros y empresarios de diferentes sectores.
La defensa de Lulinha anunció que solicitará la apertura de nuevas diligencias para aclarar el contexto de estos intercambios y se pronunciará oficialmente en el proceso una vez que tenga acceso completo a los datos obtenidos mediante las quiebras de sigilo. En un comunicado, los abogados señalaron que exigirán “una vez más, rigurosas indagaciones sobre la instrumentalización de nuestras instituciones con fines políticos y electorales”.
Además, la defensa advirtió: “Si nos encontramos ante otro episodio lamentable de violación del deber de sigilo funcional —delito tipificado en el artículo 325 del Código Penal—, el recorte selectivo y la divulgación parcial de estas supuestas conversaciones demuestran un abandono de toda pretensión de imparcialidad y de respeto a la ley, sacrificando la verdad y el interés público en favor de la exposición mediática, con fines que el cauce procesal legítimo y adecuado no permitiría”.
Según O Globo, la investigación también reveló que Roberta recibió 1,5 millones de reales —aproximadamente 270 000 €— del lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, conocido como “Careca del INSS”. Ella declaró que dichos fondos correspondían a servicios de consultoría. En una de las transferencias, Antunes mencionó a un interlocutor que el dinero estaba destinado al “hijo del rapaz”, expresión que, según la PF, podría aludir a Lulinha.
Paralelamente, la pesquisa detectó pagos y obsequios realizados por Roberta a Marcola: entre ellos, la compra de dos joyas para regalar a familiares en el Día de la Madre de 2024. La factura, valorada en 9 200 reales —unos 1 656 €—, habría sido sufragada por la lobista. A lo largo de 2024, Roberta transfirió 217 000 reales —cerca de 39 060 €— a Marcola mediante transferencias bancarias, pagos de recibos y regalos.
Tras la incautación del teléfono móvil de la lobista, Marcola devolvió 249 000 reales —unos 44 820 €—. Alegó que se trataba del reembolso de un préstamo anterior junto con los intereses y la actualización monetaria. Después de que el caso trascendiera públicamente, Marcola dejó su puesto en el equipo de coordinación de la campaña de reelección de Lula.
Contexto histórico: El INSS es la principal entidad de seguridad social de Brasil, responsable de gestionar jubilaciones, pensiones y subsidios por incapacidad. Desde 2019, distintas comisiones parlamentarias han investigado irregularidades en el organismo, incluidas supuestas redes de corrupción que involucrarían a intermediarios, funcionarios y exfuncionarios. La Comisión Parlamentaria Mixta de Investigación (CPMI) del INSS fue creada para esclarecer esos posibles fraudes y, en ese marco, ha aprobado múltiples solicitudes de quiebra de sigilo bancario y fiscal, autorizadas por el STF.
