Los Estados Unidos anunciaron este martes 4 de agosto la revocación del visado de la embajadora de Brasil en Washington, Maria Luiza Ribeiro Viotti. La decisión fue confirmada por el Departamento de Estado y se produce en medio del agravamiento de las tensiones diplomáticas entre ambos países. La medida marca un punto de inflexión en la relación bilateral, que en las últimas semanas se ha visto debilitada por desacuerdos en torno al intercambio de representantes oficiales.
En el marco del derecho internacional, la revocación de un visado diplomático es una decisión excepcional. Habitualmente, los embajadores y el personal de misión diplomática cuentan con la consideración de “visado diplomático” (categoría A-1 o A-2) y gozan de una serie de privilegios y protecciones establecidas en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961. La retirada de este visado no implica necesariamente la expulsión inmediata, pero sí obstaculiza el ejercicio pleno de sus funciones bajo la normativa migratoria ordinaria.
Según el gobierno estadounidense, la medida responde a la demora por parte de Brasil para conceder el agrément al nuevo embajador de EE. UU. en Brasilia, Daniel Perez. El agrément es la aprobación previa que el Estado receptor otorga al designado jefe de misión, requisito imprescindible para su acreditación oficial. Washington calificó la decisión como un acto de reciprocidad diplomática: Brasil había demorado el aval al embajador norteamericano y, en consecuencia, EE. UU. aplicó la misma fórmula.
El agrément se regula en el artículo 4 de la Convención de Viena de 1961, que establece que un Estado no enviará a su representante a otro país sin haber obtenido previamente el visto bueno de este último. Esta práctica, aunque legalmente sencilla, es un poderoso instrumento de negociación y refleja el nivel de confianza entre los gobiernos. La falta de agrément pone en suspenso la relación formal del embajador designado y puede prolongar meses, o incluso años, la ausencia de representación plena.
El anuncio de Washington se produjo diez días después de que el Itamaraty, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, negara visados a dos diplomáticos del Departamento de Estado de EE. UU. Dichos funcionarios, según Brasil, habrían retrasado el proceso de acreditación de un cargo diplomático brasileño en territorio estadounidense. El gobierno de Trump niega cualquier intencionalidad de interferencia en el proceso electoral brasileño —tema que alimenta especulaciones desde hace meses— y sostiene que solo se ha tratado de una respuesta proporcional.
A pesar de la revocación del visado, el Departamento de Estado aclaró que Maria Luiza Ribeiro Viotti no será expulsada de los Estados Unidos. Según las autoridades norteamericanas, podrá permanecer en el país en el ejercicio de sus funciones diplomáticas, gracias a su estatus especial. Esto se debe a que, conforme a la Convención de Viena, los agentes diplomáticos no pueden ser sometidos a coerción que impida el cumplimiento de sus cometidos ni hostigamiento que vulnere la inviolabilidad de la misión.
El Itamaraty, por su parte, mantiene su postura firme: la negociación del agrément para Daniel Perez sigue abierta y, hasta el momento, no se ha fijado una fecha límite para resolver la designación. En las relaciones internacionales, dichos retrasos suelen deberse a cuestiones de protocolo, evaluaciones políticas internas o simples demoras burocráticas. Sin embargo, el simbolismo de estas acciones recíprocas ha elevado el nivel de alerta en ambos congresos, donde se discute la conveniencia de suavizar el intercambio de visados o, por el contrario, endurecerlo.
El gobierno de Estados Unidos también informó que el visado de la embajadora brasileña podría ser restablecido si Brasil concesiona sin más dilaciones el aval diplomático para el nombramiento de Daniel Perez como nuevo embajador de EE. UU. en Brasilia. De producirse este giro, se normalizarían las acreditaciones y se reduciría la tensión abierta entre ambos países. Mientras tanto, los canales de diálogo permanecen abiertos y diversos analistas de relaciones internacionales instan a ambas partes a recuperar el ritmo de conversaciones formales para evitar que el incidente derive en un conflicto mayor.
