La oposición al presidente de Paraguay, Santiago Peña, presentó una solicitud de juicio político contra el jefe del Estado después de la crisis bancaria provocada por la disolución del banco digital Ueno, que contaba con unos tres millones de clientes. El caso ha generado protestas en el país y desembocó en la renuncia del presidente del Banco Central, Carlos Cavallo.
El presidente de la Cámara de Diputados paraguaya, Raúl Latorre, convocó una sesión para las 10.00, hora de Brasilia, de este jueves 5 de noviembre. En ella se decidirá si se inician los procedimientos de juicio político contra Peña y el vicepresidente, Pedro Alliana.
La denuncia fue presentada por un grupo de 35 diputados. Para que se abra el proceso se necesita el respaldo de 54 parlamentarios de la Cámara. Por tanto, la sesión debe determinar si la petición cuenta con apoyos suficientes para avanzar. La solicitud afecta tanto al presidente como al vicepresidente, aunque la crisis bancaria tiene una relevancia particular para Peña por sus anteriores vínculos con la empresa controladora de Ueno.
El presidente paraguayo fue accionista de esa empresa hasta 2025. Además, el banco tenía fondos públicos del país, entre ellos recursos de la seguridad social. Esos elementos han situado la relación entre la entidad financiera, sus propietarios y las instituciones públicas en el centro de la controversia política. La petición de la oposición se produce en un contexto de preocupación por la situación de los clientes y por el destino de los recursos depositados en la entidad.
El Banco Central de Paraguay inició el martes 3 de noviembre el proceso de disolución de Banco Ueno, el mayor banco digital del país. La decisión se produjo después de que el índice de solvencia de la entidad cayera a menos de la mitad del mínimo exigido. Ese indicador refleja la capacidad de una institución financiera para hacer frente a sus obligaciones conforme a los requisitos establecidos. En este caso, el deterioro del índice precedió a la intervención del organismo regulador.
Ueno también está siendo investigado por una presunta manipulación de su situación patrimonial y por un posible esquema de préstamos a empresas que tendrían vínculos con el grupo controlador del banco. Ocho ejecutivos fueron detenidos, entre ellos Miguel Vázquez, principal accionista y vicepresidente de la entidad. Se trata de hechos bajo investigación y las acusaciones mencionadas no equivalen por sí mismas a una declaración de culpabilidad.
Con la disolución, los clientes que tenían dinero en el banco quedaron temporalmente sin acceso a esos fondos. La entidad estaba cubierta por el Fondo de Garantía de Depósitos paraguayo, un mecanismo de protección para los depósitos que tiene una función equivalente a la del FGC mencionado en la información del caso. La cobertura prevista alcanza hasta el equivalente aproximado a 32.700 euros, calculado a partir de los 38.000 dólares indicados, o 75 salarios mínimos paraguayos.
Peña promulgó una ley que contempla el pago a los clientes de un adelanto de hasta 40 salarios mínimos mensuales en un plazo máximo de cinco días. La medida establece una vía para que los depositantes reciban una parte de los fondos mientras se desarrolla el proceso relacionado con la entidad. Al anunciar la ley en X, aprobada por el Congreso en un solo día, el presidente afirmó: «Confío en que el Banco Central de Paraguay aplicará esta ley de inmediato y agradezco al Congreso Nacional su tratamiento responsable y comprometido».
La crisis reúne así tres asuntos distintos: la situación financiera de Banco Ueno, las investigaciones sobre sus operaciones y la respuesta política e institucional. Mientras el Banco Central lleva adelante el proceso de disolución, el Congreso debe decidir si la denuncia de los diputados reúne los apoyos necesarios para iniciar los procedimientos contra Peña y Alliana. La controversia también incluye la protección de los clientes y la presencia de fondos públicos en la entidad.
