El Partido Liberal (PL) presentó el miércoles 15 de julio ante el Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil una acción contra una encuesta presidencial elaborada por la consultora AtlasIntel, con el fin de evidenciar supuestas fragilidades en el actual sistema de control y registro de estudios de opinión pública que administra la Corte. En su demanda, el PL reclama la adopción de normas más estrictas y precisas para el registro, la fiscalización y la divulgación de encuestas electorales, con el objetivo de garantizar una mayor transparencia y verificabilidad de los datos.
Según el documento entregado al TSE, los problemas recientes detectados en la encuesta de AtlasIntel muestran fallos recurrentes que –en opinión del PL– podrían poner en riesgo la confianza de candidatos, partidos, del Ministerio Público y de la propia Justicia Electoral. El partido acusa a la consultora de no haber aportado en tiempo y forma toda la documentación exigida: datos territoriales y demográficos detallados, registros digitales de la recolección de entrevistas y otros archivos técnicos que acrediten la metodología empleada. Además, señala inconsistencias entre el plan muestral originalmente registrado y el cuestionario finalmente aplicado.
Entre las propuestas concretas que el PL propone al TSE figura la obligación de que ninguna encuesta pueda difundirse públicamente sin la presentación previa y completa de todos los documentos legales requeridos. Esto incluye información sobre los municipios y sectores censitarios cubiertos, la composición de la muestra por edad, género, nivel socioeconómico y el registro informático de la fase de recolección de datos. El partido también sugiere que cualquier forma de captación de entrevistados –tanto en campo como a través de anuncios pagados en redes sociales– deba considerarse parte integral de la recogida de información y, por tanto, registrarse explícitamente en el plazo habilitado.
Para contextualizar, la legislación electoral brasileña (Ley nº 9.504/97) establece que todas las encuestas con intención de divulgarse deben registrarse previamente en el sistema denominado PesqEle, desarrollado por el propio TSE en 2015. Dicha plataforma centraliza las inscripciones y facilita la fiscalización judicial de los estudios de opinión, al tiempo que fija plazos y requisitos mínimos para la publicación. Sin embargo, según el PL, la operación actual de PesqEle permite lagunas técnicas que impiden verificar de forma ágil y fehaciente la veracidad de las investigaciones.
En respuesta a la demanda, AtlasIntel emitió un comunicado negando categóricamente cualquier incumplimiento de las obligaciones previstas. La empresa sostiene que envió todos los archivos exigidos al sistema PesqEle dentro del plazo legal, incluidos los documentos relativos a los municipios y barrios encuestados, y que las supuestas omisiones señaladas por el PL derivan de fallos técnicos temporales en la plataforma del TSE, no de negligencias de la consultora. AtlasIntel se ha puesto a disposición de la Justicia Electoral para demostrar, mediante los medios técnicos que sean necesarios, que su registro BR-04582/2026 cumple con todas las normativas vigentes.
La transparencia y la confiabilidad de las encuestas electorales han sido un tema recurrente en procesos electorales anteriores en Brasil. Con la creciente difusión de información en línea y el aumento de la publicidad segmentada en redes sociales, las cortes y los partidos han insistido en reforzar los mecanismos de control para evitar manipulaciones y garantizar la igualdad de condiciones entre los contendientes. En este contexto, el planteamiento del PL podría marcar un precedente para futuros pleitos y reforzar el papel del TSE como garante de la legalidad del calendario electoral.
En los próximos días, el TSE deberá analizar si admite a trámite la solicitud de revisión de las reglas de fiscalización de encuestas y, de ser así, definir plazos para que la Corte emita un eventual nuevo reglamento o instrucción normativa. Hasta entonces, la polémica entre el PL y AtlasIntel permanecerá activa, a la espera de que la Justicia Electoral determine si las pesquisas publicadas en la fase inicial del calendario cumplen con los estándares de control exigidos.
