El Ministerio Público de Bahía (MPBA) cerró las actividades de un hogar de ancianos en Salvador el pasado lunes 13 de julio debido a las condiciones precarias en las que se encontraba la institución. Durante el operativo, las autoridades procedieron a detener a Roseli Santos, responsable de la entidad, acusada de no garantizar el mínimo de atención y seguridad a los residentes.
Según el MPBA, la residencia presentaba serias deficiencias tanto estructurales como operativas. Entre las irregularidades detectadas figuraban la desorganización de los historiales médicos y administrativos de los internos, la falta de higiene adecuada en las áreas comunes y en las habitaciones, la carencia de alimentos suficientes y de calidad, así como la ausencia de programas de actividades lúdicas o terapéuticas. Estas deficiencias provocaban que los ancianos pasaran la mayor parte del tiempo recluidos en sus cuartos, sin estimulación ni acompañamiento.
La institución estaba bajo supervisión del Ministerio Público desde 2024, después de recibir la primera notificación formal tras una inspección preliminar. A finales de noviembre del año pasado, el MPBA emitió una orden de cierre provisional con el objetivo de forzar a la dirección a corregir las irregularidades detectadas. Sin embargo, dicha orden no llegó a ejecutarse hasta esta intervención más contundente.
La fiscal de Justicia Ana Rita Nascimento explicó que la residencia fue convocada a participar en una serie de jornadas de formación y asesoramiento promovidas por el proyecto ‘Vida Longa’, impulsado por el MPBA con la colaboración de profesionales del área de geriatría y trabajo social. El objetivo de esta iniciativa es capacitar a los gestores de Instituciones de Larga Permanencia para Personas Mayores (ILPIs) y asegurar el cumplimiento de la normativa vigente, en especial el Estatuto del Anciano, promulgado en 2003, que establece derechos y estándares de calidad para este tipo de centros.
Pese a las oportunidades de mejora y los recursos puestos a disposición de la dirección, Roseli Santos no implementó los cambios requeridos. La falta de respuesta efectiva a las advertencias oficiales provocó que los inspectores del Ministerio Público decidieran clausurar definitivamente el centro y detuvieran a la gestora por su presunta responsabilidad penal en el desamparo de los residentes.
El Estatuto del Anciano (Ley Federal nº 10.741/2003) es la norma brasileña que regula, entre otros asuntos, los derechos de las personas mayores, incluyendo el derecho a la salud, a la alimentación adecuada y a la dignidad. En él se especifica que las ILPIs deben ofrecer atención integral, garantizando acceso a servicios médicos, asistencia social y actividades de integración. El incumplimiento de estos preceptos puede implicar sanciones administrativas y, en casos graves, responsabilidad penal de los responsables de la institución.
La clausura de este hogar de ancianos pone de manifiesto la importancia de la vigilancia continuada y de los procesos de fiscalización en las residencias donde viven las personas mayores. En los últimos años, las autoridades de Brasil han intensificado las inspecciones para detectar abusos o negligencias, dada la creciente demanda de plazas en estos centros y el envejecimiento demográfico del país. De acuerdo con datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), la proporción de mayores de 60 años en la población brasileña aumenta cada año, lo que exige una regulación más estricta y un control más cercano de las condiciones en que se atiende a este colectivo.
Las autoridades anunciaron que permanecerán atentas a otras posibles irregularidades en residencias de ancianos en la región y reiteraron que cualquier denuncia de familiares o empleados será investigada de forma inmediata. Además, se instó a que se refuerce la coordinación entre el MPBA, agencias sanitarias y de asistencia social para prevenir casos similares en el futuro.
