La Policía Civil de Paraná está considerando indiciar al hombre por tortura, además de lesiones corporales, tras ser filmado pateando el rostro de su hija de 3 años en Francisco Beltrão, en el interior del estado. La investigación también examina posibles agresiones contra su otro hijo de 5 años.
El sospechoso fue detenido el jueves 9 de julio, un día después de haber prestado declaración. El incidente salió a la luz cuando las cámaras de seguridad captaron el momento en que pateó a la menor mientras caminaban por la calle. La madre de las niñas presentó la denuncia formal ante la delegación local.
En declaraciones al programa Fantástico de TV Globo, el delegado Ricardo Moraes informó que la policía investiga al menos otros dos episodios graves de violencia atribuibles al mismo hombre. Relatos de familiares y los propios niños sugieren que las agresiones ocurrieron en los últimos meses.
Según reportó el portal Metrópoles, el padre también habría agredido al hijo de 5 años semanas antes, golpeándole el rostro con un trozo de madera. Existen además testimonios que describen castigos extremos, como obligar a los hermanos a arrodillarse sobre granos de frijol o tapas de botellas de PET, reforzando la hipótesis de tortura.
En su declaración ante la Policía Civil, el hombre admitió haber agredido a su hija y afirmó que actuó en reacción al llanto de la niña. Dijo no recordar todos los detalles del suceso, pero expresó arrepentimiento por lo ocurrido.
El ataque se produjo la mañana del domingo 5 de julio, cuando padre e hija regresaban del mercado. El otro hijo de 5 años estaba presente durante la agresión, y según el sospechoso, la menor “comenzó a llorar y a gritar”. La denuncia se registró el martes 7 de julio, dos días después de los hechos. La madre anunció su intención de divorciarse y solicitó una medida de protección que impida al padre acercarse a la familia en caso de quedar en libertad.
En Brasil, el delito de tortura está tipificado por la Ley n.º 9.455/1997, que define como tal “la acción de causar intencionalmente sufrimiento físico o mental a una persona bajo su custodia o poder”. Las penas previstas oscilan entre dos y ocho años de prisión, pudiendo agravarse según las circunstancias, como el uso de objetos o la exposición de la víctima a situaciones de extremo dolor.
Además de la Policía Civil, en casos de violencia contra menores interviene el Conselho Tutelar, organismo encargado de garantizar los derechos de la infancia y la adolescencia. Este consejo puede emitir medidas de protección inmediatas, como la retirada temporal de la tutela al agresor o la reubicación de los niños en entornos seguros.
La investigación también cuenta con el seguimiento del Ministerio Público de Paraná, cuyo papel es fiscalizar el correcto desarrollo de la causa y, de ser procedente, proponer la acusación formal ante el Poder Judicial. El Estatuto de la Criança e do Adolescente (ECA), vigente desde 1990, establece la protección integral de las personas menores de 18 años y obliga a todas las autoridades a priorizar el interés superior del niño.
El caso ha reavivado el debate sobre la prevención del maltrato infantil en Brasil y la necesidad de fortalecer redes de apoyo social, así como campañas de denuncia ciudadana. Organizaciones de derechos del niño insisten en la importancia de que vecinos, familiares y profesionales de la salud o la educación comuniquen cualquier sospecha de abuso a las autoridades competentes, evitando así que situaciones de violencia pasen inadvertidas.
