El brasileño Rogério Chaves Scotton presentó un documento ante la Justicia de Estados Unidos para impugnar la interpretación de la Abogacía General de la Unión (AGU) sobre la resolución que autorizó a Brasil a intervenir en la demanda presentada por Rumble y Trump Media contra el ministro Alexandre de Moraes.
Scotton, ex piloto de NASCAR e investigado por el FBI en relación con 27 presuntos delitos, afirmó haber recibido amenazas y una citación judicial después de solicitar formalmente su incorporación al proceso contra el magistrado brasileño. Según sus declaraciones, estas gestiones se produjeron tras el visto bueno inicial que permitió a la AGU representar los intereses del Estado brasileño ante la Corte de la Florida.
En la nueva documentación entregada ante la jueza Mary Scriven, de la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida, Scotton sostiene que la AGU extendió de forma excesiva el alcance de aquella autorización. A su juicio, el fallo que permitió la intervención de Brasil no equivalía a un reconocimiento definitivo de inmunidad soberana ni a una resolución que favoreciera la nulidad total del litigio contra Moraes.
“El tribunal otorgó la intervención ‘por las razones expuestas’ en la solicitud del Brasil, pero eso no implica que haya adoptado de manera definitiva y para todos los efectos futuras todas las tesis jurídicas presentadas por la AGU”, señala el ex piloto en su escrito. Añade que la vía procesal de admisión de un tercero está pensada únicamente para garantizar que un interesado pueda defender derechos que potencialmente se vean afectados por la resolución final.
La Abogacía General de la Unión, conforme a la Constitución brasileña, actúa como órgano consultivo y de representación judicial de la República Federativa del Brasil. Habitualmente, defiende la posición oficial del Estado en tribunales nacionales e internacionales, y en esta ocasión contrató al despacho Foley Hoag LLP para litigar ante la justicia estadounidense.
Rumble es una plataforma de alojamiento de vídeo que ganó relevancia en los últimos años por ofrecer un espacio alternativo a otros proveedores, mientras que Trump Media & Technology Group es la compañía impulsada por el presidente Donald Trump para desarrollar servicios digitales y redes sociales. Ambas empresas demandan al ministro Alexandre de Moraes por supuestos actos que, según alegan, violan la libertad de expresión al bloquear sus contenidos en Brasil.
En la práctica del sistema jurídico de Estados Unidos, un “amicus curiae” —literalmente, “amigo de la corte”— es una figura que permite a terceros aportar información, argumentos o perspectivas de interés sin ser parte principal en la causa. Scotton pretende acceder a esta condición para exponer su postura, distinto de la posición oficial de la AGU, y defender su teoría sobre los límites de la intervención de un Estado en procedimientos ajenos.
La semana pasada, la jueza Scriven rechazó la petición de Brasil de cerrar el proceso en su totalidad y otorgó una prórroga hasta el 14 de julio para que Rumble y Trump Media respondan al requerimiento de extinción planteado por la AGU. Esta decisión marcó el primer revés para la Abogacía General de la Unión en el caso, ya que el gobierno brasileño había solicitado el archivo anticipado de la causa.
Mientras se desarrolla el litigio, el debate se centra en determinar hasta qué punto un Estado extranjero puede invocar su inmunidad soberana en tribunales de terceros países y si esta prerrogativa alcanza a anular o simplemente a condicionar los efectos de una demanda. La evolución de este proceso podría sentar precedentes sobre la participación de agentes estatales y particulares en causas que involucran derechos fundamentales como la libertad de expresión y la jurisdicción extraterritorial.
