Representación del coronavirus y el subregistro de muertes (Foto: Instagram)
La cifra estimada de fallecimientos es tres veces superior a la comunicada por los gobiernos, que sitúan el balance oficial en torno a las 7 millones de muertes. Este desfase pone de manifiesto un importante subregistro en la contabilización de defunciones y plantea dudas sobre la fiabilidad de los datos difundidos en sus balances oficiales.
Para llegar a esta estimación, los analistas emplean el concepto de “mortalidad excesiva” o excedente de muertes. Se trata de comparar el número real de defunciones registradas durante un periodo concreto con la cifra que cabría esperar en condiciones normales basándose en promedios históricos de años precedentes. De este modo, se pueden identificar fallecimientos que no fueron atribuidos en su momento a la causa real que los generó.
Entre las causas que explican el subregistro destacan las limitaciones en la capacidad de diagnóstico y testeo, la variabilidad en los criterios de certificación de la causa de muerte y la saturación de los servicios sanitarios durante los picos de la crisis. En muchos casos, los sistemas de registro civil no pudieron procesar a tiempo todas las defunciones, mientras que en otros, la ausencia de pruebas de laboratorio impidió atribuir correctamente la causa subyacente.
El impacto de este desfase no es uniforme en todas las regiones. En países con sistemas de vigilancia epidemiológica más sólidos, el desfase suele ser menor. Sin embargo, en territorios con infraestructuras sanitarias precarias, con registros de defunción incompletos o con menos recursos para realizar autopsias y pruebas PCR, el subregistro puede ser notablemente mayor. En algunos lugares en desarrollo, las estimaciones apuntan a que la mortalidad real podría incluso duplicar o triplicar los números publicados.
Contar con datos precisos es esencial para entender la magnitud de la crisis sanitaria y diseñar políticas públicas adecuadas. La cifra de 7 millones de muertes notificadas oficialmente sirve de referencia mínima, pero si la realidad alcanza hasta 21 millones de fallecimientos, las consecuencias en términos de planificación de recursos médicos, económicos y sociales son muy distintas. Conocer la mortalidad excesiva ayuda a dimensionar el grado de resiliencia de los sistemas de salud y a identificar brechas que deben ser corregidas en el futuro.
Históricamente, otras pandemias y crisis sanitarias han dejado lecciones sobre la importancia de mantener registros fidedignos. En la gripe española de 1918, por ejemplo, se subestimó el número real de muertos hasta mucho después de su finalización. Aquella experiencia demostró la necesidad de reforzar la coordinación entre todos los niveles de registro civil y sanitario, así como de contar con redes de vigilancia que permitan reaccionar con rapidez ante un aumento inusual de muertes.
Para mejorar la precisión de los datos, se propone fortalecer la interoperabilidad entre bases de datos nacionales, aumentar la cobertura de los registros de defunción y promover auditorías periódicas. Asimismo, la capacitación continua de los profesionales encargados de certificar las muertes y la ampliación del acceso a pruebas diagnósticas son elementos clave para reducir el desfase entre las cifras reales y las comunicadas.
En definitiva, la discrepancia entre la cifra oficial de 7 millones de muertes y los datos estimados—tres veces superiores—subraya la urgencia de perfeccionar los sistemas de conteo y vigilancia epidemiológica. Solo así será posible obtener una visión clara de la dimensión de la tragedia y preparar mejor las respuestas sanitarias ante futuras emergencias.
