El empresario Vladimir Timerman declaró el pasado miércoles 18 de marzo, durante su comparecencia ante la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) del Crime Organizado, que Nelson Tanure sería el auténtico controlador del Banco Master, mientras que Daniel Vorcaro desempeñaría en los hechos un papel meramente formal o de fachada. Esta afirmación se formuló en calidad de testigo en el marco de las diligencias que lleva a cabo el Congreso de los Estados Unidos para investigar presuntas irregularidades en la gestión de diversas entidades financieras.
Según explicó Timerman, dispone de documentos y comunicaciones que demostrarían la relación societaria oculta entre Tanure y la entidad bancaria. Durante su testimonio, el fundador de Esh Capital sostuvo que Vorcaro habría servido únicamente como representante nominal para ciertos trámites políticos y regulatorios, sin participar de manera significativa en la toma de decisiones estratégicas ni en la dirección operativa del banco.
La acusación se produce en un contexto de disputas legales previas entre las partes implicadas. En efecto, Vladimir Timerman ya fue condenado en el pasado por actos de persecución contra Nelson Tanure, lo que añade un matiz de controversia a su testimonio. A pesar de lo pronto que ha trascendido esta declaración, los principales organismos supervisores del sector financiero, como el Banco Central y la Comisión de Valores Mobiliarios (CVM), no han validado por el momento los supuestos vínculos societarios entre Tanure y el Banco Master.
La Comisión Parlamentaria de Investigación del Crime Organizado, creada con la finalidad de esclarecer prácticas irregulares y posibles delitos financieros, cuenta con amplios poderes de citación y de requerimiento de documentos. Entre sus competencias se incluyen la facultad de citar a testigos bajo juramento y de solicitar informes a entidades estatales y privadas sobre la estructura de propiedad y control de instituciones bancarias. Este tipo de CPI es una herramienta habitual en el sistema político norteamericano cuando se sospecha de corrupción, lavado de dinero o conspiración para defraudar a los organismos reguladores.
El Banco Master, fundado hace dos décadas, ha experimentado un crecimiento notable en los últimos años y ha diversificado sus líneas de negocio hacia el crédito al consumo y la gestión de activos. No obstante, su trayectoria no ha estado exenta de polémica. En ejercicios anteriores, ciertos analistas señalaron la falta de transparencia en la designación de miembros de su consejo de administración y en la titularidad última de sus acciones, lo que llevó a que organismos de supervisión iniciaran revisiones rutinarias de sus estados contables y de sus políticas de gobierno corporativo.
Por otra parte, Timerman también mencionó en su comparecencia la estructura de control de la empresa de desarrollo inmobiliario Gafisa, cuyo organigrama, según él, serviría como otro indicio de la forma en que Tanure habría articulado su red de participaciones ocultas en varias sociedades. La referencia a Gafisa alude a prácticas de control cruzado y a la utilización de sociedades pantalla, técnicas documentadas en la literatura sobre ingeniería financiera corporativa y asociadas con el ocultamiento de beneficiarios finales.
Hasta que el Banco Central y la Comisión de Valores Mobiliarios no emitan un pronunciamiento oficial, la presunta vinculación entre Nelson Tanure y el Banco Master quedará en el ámbito de las denuncias y de la investigación parlamentaria. El proceso de la CPI continúa en curso y está previsto que en las próximas semanas se llame a declarar a nuevos testigos y se soliciten informes complementarios tanto a entidades financieras como a despachos de abogados especializados en derecho societario y compliance.
