El despacho Barci de Moraes Sociedad de Abogados, propiedad de la abogada Viviane Barci de Moraes, esposa del ministro del Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, divulgó el pasado lunes (09) un comunicado confirmando que prestó servicios jurídicos al Banco Master, institución vinculada al banquero Daniel Vorcaro.
En el comunicado, la firma sostiene que fue contratada por la entidad bancaria entre febrero de 2024 y noviembre de 2025 para proporcionar consultoría y actuación legal en distintos ámbitos. El texto añade que el despacho no intervino en procesos de la institución ante el Supremo.
Según la nota, el trabajo fue desempeñado por un equipo integrado por 15 abogados. Para la ejecución de los servicios, el bufete contrató además otros tres despachos especializados en consultoría, que operaron bajo su coordinación.
El documento detalla las prestaciones realizadas y los informes y documentos entregados al cliente durante toda la vigencia del contrato. No obstante, no se revelan los montos acordados entre las partes.
De acuerdo con la comunicación, la consultoría jurídica abarcó desde el inicio del vínculo, en 2024, hasta noviembre de 2025, cuando el Banco Master entró en liquidación extrajudicial, lo que provocó la finalización del contrato entre el despacho y la entidad financiera.
El Banco Master, constituido como institución de crédito múltiple, adquirió notoriedad en el mercado financiero brasileño por su vinculación con Daniel Vorcaro, empresario del sector bancario. La entidad se dedicaba a productos de financiación y operaciones de caja cuando enfrentó dificultades de liquidez.
La liquidación extrajudicial es un mecanismo previsto en la legislación bancaria brasileña que permite a la autoridad monetaria intervenir en instituciones en riesgo de insolvencia, con el fin de proteger a los depositantes y mantener la estabilidad del sistema financiero. Tras esta medida, se procede a la venta de activos y a la reestructuración de pasivos.
El despacho Barci de Moraes es una firma especializada en asesoría corporativa y litigios civiles, que habitualmente coordina equipos de gran tamaño para atender contratos de carácter estratégico. La contratación de tres despachos asociados refleja la complejidad de las tareas de consultoría financiera en un entorno con múltiples regulaciones.
El Supremo Tribunal Federal (STF) es el órgano máximo del Poder Judicial en Brasil, encargado de velar por la Constitución. Alexandre de Moraes, desde su nombramiento como ministro, ha participado en decisiones clave del tribunal y en debates sobre el régimen democrático brasileño.
En virtud de la conexión familiar con un alto magistrado, la publicación de los contratos y el detalle de las actividades profesionales de la abogada Viviane Barci de Moraes adquieren especial relevancia mediática, al tiempo que plantean debates sobre la transparencia y el posible conflicto de interés en el ámbito jurídico.
Aunque el comunicado no aporta información sobre los honorarios pactados, la magnitud de un contrato de más de un año y medio de duración, con un equipo de 15 abogados y la coordinación de despachos especializados, sugiere una relación de importancia para ambas partes.
La confirmación oficial por parte del despacho marca un paso en la aclaración de las actividades profesionales de uno de los cónyuges de un ministro del STF, en un momento en que el escrutinio público sobre las relaciones entre operadores jurídicos y el sistema financiero se intensifica en Brasil.
La normativa que regula la prestación de servicios jurídicos a instituciones financieras exige transparencia en la contratación y la obligación de remitir informes periódicos a los organismos de supervisión. En este sentido, la confirmación del despacho que participó en la consultoría representa un acto de divulgación conforme al deber de informar a posibles interesados.
El caso coincide con un momento de crecimiento de la exigencia de rendición de cuentas en el sector legal, tanto en Brasil como a nivel internacional, donde asociaciones de abogados y reguladores impulsan códigos de conducta que previenen prácticas opacas y refuerzan la reputación profesional de los despachos.
