Un residente del estado de Virginia, en Estados Unidos, obtuvo una indemnización cercana a 475 000 € tras demandar a una serie de profesionales sanitarios por difamación y conducta inapropiada durante una colonoscopia. El procedimiento salió a la luz porque el paciente, que prefirió mantener su identidad en anonimato, dejó su teléfono móvil encendido mientras estaba anestesiado, lo que permitió grabar las conversaciones del personal.
Según relató el demandante, encendió el dispositivo antes de la exploración para registrar indicaciones médicas y olvidó apagarlo. Durante la intervención, la grabadora captó comentarios críticos y burlones de la anestesista y de otros miembros del equipo sanitario, lo que motivó la presentación de la demanda por difamación.
La colonoscopia es un examen endoscópico que se realiza para explorar el interior del colon y detectar posibles anomalías, como pólipos o signos de cáncer. Normalmente se lleva a cabo bajo sedación consciente o anestesia general, lo que impide que el paciente perciba dolor o recuerde el procedimiento. En este caso, la anestesia permitió que los profesionales creyeran que sus conversaciones no serían escuchadas.
Durante un juicio de tres días celebrado a mediados de junio, los miembros del jurado escucharon extractos de la grabación. La anestesista Tiffany Ingham, de 42 años, aparece llamando al paciente “covarde” y “retardado” en distintos pasajes. En un momento, Ingham exclamó: “Después de cinco minutos de charla contigo en el preoperatorio, tenía ganas de darte un puñetazo en la cara”.
En otro fragmento, cuando una asistente comentó que el paciente presentaba una grieta en la piel, la anestesista respondió que no la tocasen, aduciendo que podrían “coger sífilis en el brazo o algo así”. Asimismo, la grabación registró insultos como “insuportable” y sugerencias de fingir reuniones para evitar atenderle después de la operación.
En su demanda, el hombre solicitó inicialmente una indemnización en reales brasileños equivalente a unos 1 660 000 € (8,75 millones de reales). No obstante, el jurado acordó fijar la cantidad en aproximadamente 475 000 € (2,5 millones de reales), según explicó el jurado Farid Khairzada: “Decidimos otorgarle algo para asegurarnos de que este tipo de comportamiento no se repita”.
En Estados Unidos, los pacientes pueden interponer demandas por difamación si consideran que profesionales sanitarios han hecho comentarios que dañan su reputación o afectan su bienestar emocional. Este caso destaca el creciente uso de grabaciones de audio como prueba en los tribunales para acreditar conductas poco éticas en el ámbito médico.
