La crisis hídrica en el sertão de Ceará ha adquirido un cariz dramático y sin precedentes en los últimos días. En Banabuiú, la venta y el reparto de agua mineral, un producto esencial para la población, se realizan bajo una fuerte escolta policial. La medida de emergencia se adoptó después de que varios comerciantes suspendieran las ventas por temor a represalias atribuidas a la facción criminal Comando Vermelho (CV).
La operación logística de emergencia comenzó el viernes 31 y está coordinada por la Secretaría de Seguridad Pública y Defensa Social (SSPDS) y la Compañía de Agua y Alcantarillado de Ceará (Cagece). La compañía recoge los botellones vacíos en los proveedores y transporta la carga hasta el municipio en un convoy protegido, donde se distribuye el producto. En los últimos días se han formado largas colas de vecinos en las calles para conseguir agua.
La acción criminal contra el comercio local empezó a salir a la luz a mediados de octubre. El día 19 circuló por la ciudad un documento denominado «Edicto Banabuiú», firmado por la «Dirección Banabuiú». El texto condicionaba la venta y distribución de agua en el municipio a la autorización directa del grupo y advertía de que quienes incumplieran la orden «sufrirían consecuencias». El comunicado también prohibía expresamente comercializar una marca concreta de agua mineral, bajo amenaza de confiscar los botellones y precintar los establecimientos.
Los días 20 y 21 de octubre, las coacciones comenzaron a realizarse a través de aplicaciones de mensajería. Las denuncias policiales registran extorsiones directas a comerciantes, con cantidades que iban desde unos 31 euros para permitir que las tiendas siguieran abiertas hasta pagos semanales de unos 117 euros en el sector de la distribución de agua.
El impacto social fue inmediato. Además de interrumpirse la venta de agua en los comercios, una escuela pública municipal tuvo que suspender las clases el 21 de octubre por la falta total de suministro. La situación afectó así tanto a la actividad comercial como al funcionamiento de un centro educativo.
En respuesta al plan de «dominio social estructurado», las fuerzas de seguridad llevaron a cabo una operación conjunta y, el 22 de octubre, interceptaron a parte del grupo. La intervención se basó en informes del servicio de inteligencia y en investigaciones de la Policía Civil. Tres sospechosos fueron detenidos en flagrante por extorsión y amenazas.
Cícero Kevin Gomes Farias está señalado como operador de préstamos informales y usura, y recurría a la estructura armada de la facción para cobrar deudas. Ya es acusado en una causa por tráfico de drogas y fue imputado por blanqueo de capitales. Francisco das Chagas de Lima da Silva, conocido como «Chico Motos», también está siendo investigado por préstamos informales y por el uso del brazo armado del grupo para realizar cobros coercitivos. Tiene una condena por tráfico y responde en otra causa por receptación. En su domicilio, la policía incautó un revólver y munición.
El tercer detenido, Carlos Fernando da Silva Andrade, era el encargado de recaudar y administrar el dinero extorsionado. Fue condenado a once años de prisión por tentativa de homicidio y cuenta con antecedentes en el sistema socioeducativo por robo, tráfico, tenencia de armas y homicidio cualificado.
Otros seis investigados, entre ellos el supuesto líder local de la facción, consiguieron huir y siguen siendo buscados. Según la SSPDS, el presunto responsable de ordenar el plan fue localizado en Río de Janeiro. Hay una operación conjunta con la Policía Civil de ese estado para detenerlo.
Durante la audiencia de custodia, las defensas solicitaron la puesta en libertad de los acusados y negaron su autoría. El juez Maycon Robert Moraes Tomé rechazó las peticiones y convirtió las detenciones en prisión preventiva.
En su resolución, el magistrado afirmó que los detenidos forman parte de la «engranaje financiero de un verdadero sistema de dominio social y económico impuesto por la facción al municipio de Banabuiú». También destacó la gravedad del reparto de funciones, que incluía responsables de la dirección, de las amenazas, de los cobros y de la recaudación del dinero.
La resolución refleja el nivel de intimidación en la zona: el juez citó el temor de los propios policías militares que participaron en el caso, quienes pidieron que sus nombres no aparecieran en la investigación por miedo a represalias contra ellos y sus familias.
En un comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública y Defensa Social informó de que la presencia policial en Banabuiú se mantiene reforzada. Equipos de la Policía Ostensiva General, de la Fuerza Táctica y de patrullas motorizadas actúan a diario en las zonas urbanas y rurales para impedir nuevas acciones criminales y garantizar la rutina de la población.
