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Jennifer Gonzalez, líder de red de matrimonios ficticios en EE.UU. cobraba hasta 40.000 US$

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Documento contractual firmado por Jennifer Gonzalez en el que se detallan los 5.000 US$ de depósito y los pagos mensuales de 500 US$ para simular un matrimonio fraudulento. (Foto: Instagram)

Jennifer Gonzalez y otras cinco personas fueron denunciadas por la fiscalía de Massachusetts, en Estados Unidos, acusadas de organizar matrimonios ficticios para obtener de forma fraudulenta el estatus migratorio de extranjeros en situación irregular. Según la investigación, la supuesta responsable del esquema ejecutó estos enlaces durante más de diez años y obtuvo beneficios millonarios.

El grupo llevaba a cabo entre 18 y 20 bodas ilegales al año. Por cada ceremonia, los acusados cobraban entre US$ 38.000 y US$ 40.000, suma en la que incluían la planificación y asesoramiento necesario para simular un matrimonio genuino.

Entre las estrategias ideadas por Jennifer Gonzalez estaban la apertura de cuentas bancarias conjuntas, la contratación de seguros de vida a nombre de ambos cónyuges y la realización de fotografías que reforzaran la apariencia de una relación real.

Para sostener el vínculo simulado, los beneficiarios solían abonar mensualmente US$ 500 al cónyuge ficticio, una cuota destinada a evidenciar una convivencia y apoyo económico mutuo.

Los acusados – Jennifer Gonzalez, de 43 años; Erica Daniels, 29 años; Chreise Alejandro, 39 años; y Amara Pugh, 31 años – fueron detenidos el 21 de octubre. Jaylin Hill, de 26 años, ya cumple una condena estatal por un delito relacionado con armas de fuego. Las audiencias iniciales están fijadas para el 22 de octubre.

Se les imputa conspiración para albergar inmigrantes en situación irregular; albergar inmigrantes en situación irregular; conspiración por fraude matrimonial; y fraude matrimonial. Las dos primeras acusaciones conllevan hasta diez años de prisión, tres años de libertad supervisada y una multa de US$ 250.000. Los cargos de fraude matrimonial y conspiración relacionada contemplan hasta cinco años de prisión, más tres de supervisión y multa de US$ 250.000.

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