El arresto de la influenciadora trans brasileña Malévola Alves el martes 20 de octubre en la ciudad de Alejandría, Egipto, puso de manifiesto las fuertes limitaciones a las que se enfrenta la comunidad LGBTQIA+ en el país. Detenida junto a una amiga después de que circularan vídeos grabados en espacios públicos, las autoridades locales le imputaron cargos por supuestos actos contrarios a la moral pública. Este suceso, recogido por el portal Metrópoles, se produce en un marco legal que dificulta el reconocimiento oficial de la identidad de género y permite el recurso a normas de moralidad para justificar intervenciones policiales.
El Ministerio del Interior egipcio confirmó la detención de ambas y explicó que la difusión de imágenes mostraba «gestos, insinuaciones y presunciones de acoso» a transeúntes en las calles de Alejandría. Según los agentes, tales comportamientos violaban la ley egipcia sobre «depravación habitual», una figura contemplada en el Código Penal que puede conllevar penas de entre dos y doce años de prisión. Esta disposición, heredada de precedentes históricos, se emplea con frecuencia para procesar a personas LGBTQIA+ pese a que la homosexualidad no está explícitamente tipificada como delito.
La versión gubernamental fue rebatida por la también influencer Bruna Tivo, amiga de Malévola, que se encontraba en Egipto antes de la detención. En sus redes sociales, Tivo denunció que recibían constantes grabaciones anónimas durante su estancia y vinculó la actuación policial a un caso de discriminación por identidad de género. «Nos lanzaron vídeos en un grupo de Facebook. El problema es que somos trans. Intentaban tendernos una trampa», declaró, y añadió que «todos los lugares que visitábamos éramos filmadas».
Tivo regresó a París, donde reside, poco antes de que Malévola fuese conducida a una comisaría. En su relato, la influencer explicó que su amiga permanecía incomunicada y carecía de acceso al teléfono móvil, lo que obstaculizó el contacto con el consulado brasileño. Asimismo, criticó el tratamiento mediático local, que presentaba a las detenidas como supuestas acosadoras: «En los periódicos de Egipto salimos como agresoras, pero lo cierto es que nos acosaban constantemente», aseguró.
De acuerdo con informes de organizaciones internacionales, la legislación egipcia no prevé un procedimiento claro para la modificación de género en documentos oficiales. Hasta hace unos años, el único camino consistía en someterse a una cirugía de reasignación sexual autorizada. Posteriormente, una directriz administrativa limitó el cambio de registro solamente a las personas intersexuales, entendidas como quienes nacen con características anatómicas de ambos sexos. Las autoridades clasifican la intersexualidad como una condición médica, lo que restringe aún más los derechos de las personas trans.
Varios organismos de derechos humanos, como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, han señalado que Egipto utiliza con frecuencia las normas de «moralidad pública» para perseguir a la población LGBTQIA+. Tras la intervención militar de 2013 y el ascenso al poder de Abdel Fattah el-Sisi, la represión aumentó notablemente. Según un reportaje de The New York Times de 2016, más de 250 personas fueron encarceladas entre 2013 y 2016 bajo cargos relacionados con «depravación habitual».
Este tipo de condenas puede traducirse en penas que oscilan entre dos y doce años de prisión, de acuerdo con el artículo pertinente del código penal. Organizaciones de la ONU han instado a Egipto a reformar estas disposiciones y garantizar el respeto a la libre expresión de género.
El caso de Malévola no es el primero que implica a ciudadanas brasileñas en Egipto. En 2014, la modelo gaúcha Jhenifer Dalbosco fue detenida bajo sospecha de prostitución, delito penado por la legislación egipcia, y permaneció en prisión alrededor de dos semanas hasta ser liberada tras el pago de una fianza. A pesar de las distintas narraciones, en el asunto de Malévola las autoridades sostienen haber actuado en virtud de comportamientos observados en los vídeos, mientras que Bruna Tivo denuncia que ambas fueron víctimas de acoso y discriminación dirigida por ser mujeres trans.
