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Urgente: Mendonça libera para el pleno el juicio del caso Moraes

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Según información de la cadena CNN, el ministro André Mendonça, del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, autorizó el pasado domingo 6 de septiembre la inclusión en el pleno de la Corte del caso que involucra al ministro Alexandre de Moraes y al exbanquero Daniel Vorcaro. Esta decisión pone en manos del presidente del STF, el ministro Edson Fachin, la facultad de establecer la fecha en la que los demás integrantes del tribunal analizarán el proceso.

Con el levantamiento de este bloqueo temporal, Fachin asume la responsabilidad de agendar la sesión, si bien aún no ha fijado una fecha concreta. Se espera que el presidente del STF otorgue un plazo de cinco días para que las partes involucradas presenten sus alegatos o manifestaciones antes de que el asunto sea sometido a votación en el pleno.

El auto de Mendonça responde al examen de un informe de la Policía Federal cuyo carácter sigiloso se levantó el martes 1 de septiembre. Ese documento reúne datos extraídos del teléfono móvil de Daniel Vorcaro, incluidos mensajes, anotaciones y otros elementos que apuntan a posibles vínculos con el ministro Alexandre de Moraes y terceras personas mencionadas en las comunicaciones del exbanquero.

De acuerdo con el contenido del informe, Vorcaro habría mantenido contactos directos con Moraes y buscado su orientación durante la crisis que afectó al Banco Master, entidad que fue liquidada en noviembre de 2025 por el Banco Central de Brasil en el marco de investigaciones por fraudes millonarios. La Policía Federal señala que en el dispositivo de Vorcaro se detectaron apuntes que, poco después, se enviaban al número guardado en su agenda como “Alexandre de Moraes BRASÍLIA”.

En una de esas anotaciones, el exbanquero registró haber recibido “informaciones informales y en confidencia del grupo del Banco Central” y subrayó la necesidad de “reforzar con Andrei y Paulo”. Según la PF, esas menciones aluden probablemente a Andrei Rodrigues, director general del Banco Central, y a Paulo Gonet, procurador general de la República.

Tras recibir el informe, el ministro Mendonça determinó la separación de estos nuevos elementos de la investigación original y su reorganización en una petición independiente dentro del STF. El magistrado remitiría asimismo copias del material a la Procuraduría-General de la República (PGR) para que emitiera su posición al respecto.

La eventual decisión del pleno no dependerá de la postura que adopte la PGR: Mendonça ha defendido que el contenido del informe insta a su tramitación en el colegiado. Tal como expuso en su despacho, “dadas las informaciones presentadas por la autoridad policial, independientemente de la manifestación que emita la ilustre Procuraduría-General de la República, el curso inevitable de estos autos conduce al pleno de este Supremo Tribunal Federal”.

Asimismo, el ministro ordenó el levantamiento del sigilo sobre el proceso, argumentando que la previsión de su enjuiciamiento en pleno y el interés público en las informaciones aconsejaban una instrucción abierta y transparente. Mendonça puntualizó que la sesión deberá celebrarse “de manera pública y transparente, en sesión presencial”, y subrayó que la fijación de la fecha corresponderá al presidente del STF, Edson Fachin.

Contexto adicional:
El Supremo Tribunal Federal de Brasil es la máxima instancia judicial del país y está integrado por once ministros que son designados por el presidente de la República y ratificados por el Senado Federal. El pleno del tribunal es el órgano colegiado en el que se debaten y deciden los temas de mayor relevancia constitucional. La intervención de la Procuraduría-General de la República en procesos ante el STF es habitual, pues ejerce la acusación y vela por el interés público en asuntos con repercusión nacional. El caso Master, por su parte, supuso una de las mayores crisis bancarias recientes en Brasil: la entidad fue cerrada tras detectarse un entramado de operaciones fraudulentas que alcanzaron varias decenas de miles de millones de reales, lo que activó una estricta investigación de la Policía Federal y el Banco Central.

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