De acuerdo con información del portal Metrópoles, una petición presentada al Ministerio Público de São Paulo el 20 de agosto de 2026 solicita la reapertura de las investigaciones sobre la muerte de Isabella Nardoni, ocurrida en marzo de 2008, y plantea la sospecha de que Antônio Nardoni, abuelo de la niña, podría haber sido el presunto instigador del crimen. El documento fue suscrito por el abogado Francisco Angelo Carbone Sobrinho, en representación de la Asociación del Orgullo LGBTQIAPN+ SP, liderada por el activista Agripino Magalhães.
La solicitud incluye, además, el pedido de apertura de un nuevo inquérito policial para examinar posibles delitos de homicidio, fraude procesal y corrupción. Según el texto, la petición se fundamenta en versiones aportadas por tres testigos que habrían adquirido información relevante tanto sobre los hechos que rodearon la muerte de la menor como sobre el periodo en que Anna Carolina Jatobá permaneció privada de libertad.
Una de las fuentes mencionadas sería una agente de la Policía Penal que, según narra la petición, escuchó a Jatobá declarar que Antônio Nardoni habría ordenado la muerte de Isabella. En el mismo relato, Jatobá habría afirmado sentirse inocente en cuanto a la muerte de la niña, pero admitió haber ejercido agresiones físicas y negó haber lanzado a la menor desde el edificio.
Otra funcionaria penitenciaria, apunte la petición, tuvo conocimiento de declaraciones similares, aunque habría manifestado temor a eventuales represalias profesionales si revelaba su testimonio. La tercera persona señalada sería una exempleada administrativa de un despacho de abogados, quien habría relatado que, en su momento, un defensor rehusó atender a la familia Nardoni debido a la extrema gravedad de las acusaciones.
El documento también hace alusión a supuestas irregularidades en la ejecución de la pena de Jatobá durante su estancia en la Penitenciaría Femenina de Tremembé. Se sostiene que la administración del centro habría sido corrompida para concederle beneficios, como un colchón ortopédico y un cargo de jefatura que le permitió la remisión de parte de la pena por trabajo.
Asimismo, la petición aduce que Antonio Nardoni habría gozado de acceso no autorizado a las instalaciones penitenciarias y que se facilitó el trabajo remunerado de Jatobá, circunstancia que, según el documento, contribuyó a su progresión al régimen abierto en 2023. Esta situación, de confirmarse, implicaría la existencia de un mecanismo de complicidad dentro del sistema penitenciario.
La funcionaria que intentó denunciar estas irregularidades sería la misma agente penal citada anteriormente. De acuerdo con la petición, habría sufrido intimidaciones, se le habría impuesto atención psiquiátrica a la fuerza, recibió medicación obligatoria y fue presionada para firmar documentos sin leer su contenido.
Entre los requerimientos dirigidos al Ministerio Público se incluyen la reapertura de las diligencias o el inicio de un nuevo inquérito, la toma de declaración a exreclusas, a agentes penitenciarios y a otros posibles testigos, así como la implementación de medidas de protección a quienes decidan aportar información.
Es preciso señalar que las alegaciones consignadas en la petición aún no han sido corroboradas por ninguna instancia judicial. El expediente no equivale a una resolución oficial ni a la ratificación de responsabilidad de Antônio Nardoni, ni constituye una nueva condena o la modificicación de una sentencia anterior.
Contexto adicional: El caso de Isabella Nardoni conmovió profundamente a la opinión pública brasileña en 2008. La niña de cinco años falleció tras caer desde el sexto piso del edificio en el que residía junto a su padre, Alexandre Nardoni, y la entonces madrasta, Anna Carolina Jatobá. A partir de un extenso proceso policial y judicial, ambos fueron condenados por homicidio calificado en un juicio penal que se convirtió en uno de los más mediáticos de aquel año. El sistema legal brasileño permite la revisión criminal y la reabertura de inquéritos cuando surgen nuevas pruebas o testimonios significativos, siempre bajo la supervisión del Ministerio Público y de los tribunales competentes.
