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Cómo el hijo de Lula fue de monitor de zoológico a empresario millonario y investigado

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Fábio Luís Lula da Silva, conocido como Lulinha, volvió al centro de una investigación de la Policía Federal a los 51 años. Hijo mayor del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, es citado en un expediente que involucra a la lobista Roberta Luchsinger, viajes internacionales sufragados por terceros y personas con acceso directo al mandatario, según informó la Gazeta do Povo.

Antes de dar sus primeros pasos en el mundo empresarial, Lulinha trabajó como monitor en el Zoológico de São Paulo. En 2002, percibía 600 reales al mes (unos 108 euros) y se encargaba de orientar a los visitantes sobre las especies animales. Con formación en Biología por la Universidade Paulista (Unip), una institución privada con presencia en varias ciudades de Brasil, decidió explorar el sector del entretenimiento a partir de 2003, cuando fundó la Gamecorp junto a los empresarios Fernando y Kalil Bittar.

La Gamecorp se dedicó a la producción de contenidos digitales y proyectos de ocio interactivo, un ámbito en plena expansión en Brasil durante la primera década de los 2000. En 2005, la empresa recibió un aporte de 5 millones de reales (aproximadamente 900 000 euros) por parte de Telemar, entidad que años más tarde se integró a Oi. Posteriormente, Jonas Suassuna se sumó como socio. Sin embargo, la compañía fue objeto de la Operación Mapa da Mina, investigación que examinó repasses de 132 millones de reales (unos 23,8 millones de euros) procedentes de Oi y Vivo hacia sociedades vinculadas a Lulinha y sus asociados.

La Operación Mapa da Mina fue una de varias iniciativas de la Policía Federal en el marco de la lucha contra fraudes empresariales y corrupción en el sector de las telecomunicaciones. Este tipo de pesquisas implican la petición de quebras de sigilo bancario y fiscal, autorizadas por instancias judiciales cuando existe indicio de desvío de recursos públicos o privados destinados a fines ilícitos.

La defensa de Lulinha afirmó que la solicitud de prisión preventiva formulada por la Policía Federal llegó a ser negada por falta de fundamentos sólidos. En 2022, la Justicia Federal de São Paulo decidió el archivo del caso luego de resolver cuestiones relacionadas con la competencia de la 13.ª Vara Federal de Curitiba y la validez de las pruebas recogidas durante la instrucción. No se dictó condena alguna en ese proceso.

Entre 2016 y 2017, Fábio Lula da Silva también fue investigado junto a sus hermanos Sandro Luís y Marcos Cláudio en un inquérito por supuestos repasses financieros entre empresas y posibles actos de evasión fiscal. Esa pesquisa fue archivada en 2021 tras la anulación de ciertas pruebas obtenidas en la operación Lava Jato, la gran investigación sobre corrupción que sacudió a diversas instancias públicas y privadas de Brasil.

Más recientemente, el nombre de Lulinha resurgió en otra pesquisa que menciona a la lobista Roberta Luchsinger como financista de sus desplazamientos en Brasilia y de viajes al extranjero. Los documentos señalan que ella pudo haber cubierto gastos de alojamiento y transporte, además de haberlo presentado a Antônio Carlos Camilo Antunes, apodado “Careca do INSS”, señalado como supuesto operador de un esquema de fraudes en jubilaciones del Instituto Nacional del Seguro Social (INSS).

En paralelo, la pesquisa identificó la presencia de Marco Aurélio Santana Ribeiro, antiguo jefe del gabinete personal del presidente Lula hasta julio de este año. Según los investigadores, Roberta habría transferido fondos a Ribeiro, quien sostiene que los montos correspondían a un préstamo ya devuelto.

La Comisión Parlamentaria Mixta de Investigación (CPMI) del INSS, creada por el Congreso Nacional, examina irregularidades en el organismo de la seguridad social y requiere de autorizaciones judiciales para quiebras de sigilo. La legislación brasileña protege la confidencialidad de datos bancarios y fiscales, pero permite su levantamiento cuando hay indicios de malversación o conducta delictiva.

Lulinha ha adoptado una postura discreta frente a la exposición mediática y, según su letrado, recibió instrucciones de no pronunciarse públicamente sobre el caso. Actualmente reside con su familia en Madrid, España, donde se trasladó el año pasado en busca de mayor privacidad.

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