La muerte de Dreilys Jhoana Domínguez Urdaneta, de apenas 3 años, provocó conmoción en Venezuela y condujo a la detención de la madre de la niña y de su pareja. Según el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), las pesquisas indican que la menor era víctima de agresiones físicas y abusos dentro de la propia residencia, en San Francisco, estado Zulia.
De acuerdo con información del portal El Heraldo, las investigaciones comenzaron cuando Jissel Jerkin Domínguez Urdaneta, de 24 años, ingresó al Hospital Doctor Manuel Noriega Trigo con su hija ya sin vida. Ante los médicos, afirmó que la niña había sufrido una caída en el hogar y no reaccionaba. Sin embargo, el equipo sanitario identificó signos evidentes de violencia en el cuerpo de la menor y comunicó el caso a las autoridades locales.
El examen de necropsia determinó que Dreilys presentaba lesiones antiguas y recientes, quemaduras y heridas en la zona íntima compatibles con abuso sexual. Con base en el informe forense, el Cicpc profundizó las indagaciones para identificar a los responsables de los malos tratos.
Durante la pesquisa, los agentes detuvieron a Jissel y a Rafael Enrique González Barrueta, de 27 años. Según la investigación, Rafael sometía sexualmente a la niña de forma recurrente. La madre, por su parte, tenía conocimiento de los abusos y, movida por los celos, comenzó a agredir a su propia hija.
La policía sostiene que la mujer golpeaba a la niña con las manos y añadió un método de tortura: utilizaba una cuchara calentada al fuego para causarle quemaduras en la zona íntima. A su vez, Jissel habría atribuido los traumatismos al padre biológico a un supuesto accidente con agua caliente, con la intención de ocultar el verdadero origen de las lesiones.
Según las autoridades venezolanas, tras el fallecimiento de Dreilys, la pareja intentó abandonar la región para evitar la responsabilidad penal. La huida, sin embargo, fue interrumpida por los equipos de investigación, que procedieron a la detención de ambos. Posteriormente, los detenidos fueron imputados y puestos a disposición del Ministerio Público.
El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) es el principal organismo técnico de investigación criminal en Venezuela. Su misión incluye la recolección de pruebas, la realización de peritajes forenses y la coordinación con otros cuerpos de seguridad para esclarecer hechos delictivos. En casos de abuso infantil, el Cicpc colabora estrechamente con fiscales y psicólogos forenses para proteger la integridad de las víctimas y garantizar el avance de la causa penal.
El estado Zulia, ubicado en el noroeste de Venezuela, es una de las entidades federales más pobladas del país. La capital regional, Maracaibo, y municipios aledaños como San Francisco registran índices elevados de violencia, lo que ha sobrecargado los servicios de salud y judiciales. En este contexto, hospitales públicos como el Doctor Manuel Noriega Trigo desempeñan un papel clave al atender emergencias y detectar posibles delitos contra la infancia.
En Venezuela, la legislación penal establece penas severas para los delitos sexuales contra menores, que pueden superar los 20 años de prisión según la gravedad de los hechos. Además, existen leyes de protección integral de la infancia destinadas a garantizar el acceso a servicios de salud, asistencia psicológica y medidas de resguardo para las víctimas de maltrato y abuso.
El examen de necropsia forense es un procedimiento fundamental en la investigación de muertes sospechosas. Realizado por médicos forenses, consiste en la inspección externa e interna del cuerpo para determinar la causa de la muerte, así como la toma de muestras de tejidos y fluidos. En casos de abuso infantil, se presta especial atención a la presencia de hematomas antiguos y recientes, quemaduras de contacto o por líquidos calientes, y lesiones en los genitales que puedan indicar agresiones sexuales.
Organizaciones no gubernamentales y organismos internacionales que velan por los derechos de la infancia han señalado un incremento en las denuncias de maltrato infantil en los últimos años en Venezuela. No obstante, se estima que muchos casos no se notifican por temor a represalias o desconfianza en la eficacia del sistema judicial. Por ello, los protocolos médicos exigen la notificación inmediata a las autoridades competentes cuando se detectan signos de violencia o abuso en menores, con el fin de garantizar su seguridad y el debido curso legal.
