La Policía Federal (PF) identificó una compra de 306.000 euros en ganado que habría sido realizada por el presidente de la Confederación Nacional de Agricultores Familiares y Emprendedores Rurales Familiares (Conafer), Carlos Roberto Ferreira Lopes, conocido como “Mano Negra del INSS”.
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Según la PF, la adquisición tuvo lugar durante el periodo en el que la organización recibía recursos de descuentos asociativos ilegales aplicados a los beneficios de jubilados y pensionistas del Instituto Nacional del Seguro Social (INSS).
La información proviene de la extracción de datos del teléfono móvil del empresario Higor Dalle Vedove Lourenção, uno de los investigados en la primera fase de la Operación Sem Descuento. El informe resultante fue remitido al ministro André Mendonça, del Supremo Tribunal Federal (STF). En total, 48 personas fueron acusadas por la PF de organización criminal, blanqueo de capitales y corrupción.
En los registros de una conversación de WhatsApp de Higor se menciona que Carlos Roberto habría emitido un cheque por 306.000 euros para la compra de ganado. Además, se alude a otros pagos por valor de 7.200 euros para la adquisición de animales. Un interlocutor identificado como Cícero manifiesta preocupación por la compensación de dicho cheque.
Los investigadores señalan a Cícero como uno de los principales responsables de la operativa financiera del grupo, actuando como operador clave del esquema. A través de empresas pantalla, gestionaba pagos destinados tanto a la compra de ganado como a la adquisición de material genético de alto valor vinculado directamente a Carlos Roberto.
Las transacciones se canalizaban mediante esas sociedades ficticias para ocultar el origen de los fondos. Entre agosto y septiembre de 2023 se transfirieron alrededor de 211.151 euros a Elisvaldo Vilanova de Menezes como pago para la compra de ganado. Posteriormente, en noviembre de 2024, se abonaron 121.500 euros a un proveedor identificado como “Celso Gado” para la compra de otros 30 animales.
La pesquisa también determina que Carlos Roberto y su esposa, Bruna Braz de Souza Santos, junto con Vinicius Ramos da Cruz, utilizaron recursos del esquema para adquirir fincas, vehículos y rebaños a través de la empresa Agropecuaria y Minería Lagoa Alta Ltda. La PF subraya que esta estructura empresarial sirvió para encubrir el flujo de fondos de origen ilícito.
Ante estos hallazgos, la PF solicitó al STF el bloqueo de bienes y la intervención de los animales objeto de las compras. Fueron localizadas fincas en Nova Módica, Itambacuri y Jequitinhonha, donde se incautaron 1.487 bovinos, 33 équidos y diversas muías, además de varios vehículos y equipos agrícolas.
El informe policial revela que el grupo vinculado a la Conafer habría movido aproximadamente 127.440.000 euros entre 2019 y 2024. Parte de ese capital se destinó a la compra de fincas, vehículos y ganado, disfrazando la procedencia real de los fondos. Se identificaron dos núcleos principales: uno liderado por Cícero Marcelino de Souza Santos y otro por Samuel Chrisóstomo do Bomfim Júnior.
El escándalo de descuentos ilegales en el INSS fue inicialmente revelado por reportajes de Metrópoles en diciembre de 2023. Las investigaciones de la PF y de la Controladoria-General de la Unión (CGU) se nutrieron de esas publicaciones, desembocando en la Operación Sem Descuento en abril de 2025 y en la destitución de altos cargos del INSS.
El primer inquérito de la operación concluyó con la imputación de 48 personas. Carlos Roberto Ferreira Lopes figura como sindicado por organización criminal, blanqueo de capitales y corrupción, y actualmente es considerado prófugo por la PF. Entre los demás implicados se encuentran exfuncionarios del INSS y varios lobistas.
El ministro André Mendonça remitirá el informe a la Procuraduría General de la República (PGR) para decidir si procede presentar la acusación formal. El equipo de este medio intentó contactar con la Conafer pero no obtuvo respuesta. El espacio para comentarios permanece abierto.
