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Madre acusa negligencia médica tras la muerte de un bebé justo después del parto en Piauí

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El Ministerio Público de Piauí (MPPI) investiga el fallecimiento de una recién nacida ocurrido el pasado 3 de enero en el Hospital Regional Justino Luz, situado en la ciudad de Picos, en el estado de Piauí, al noreste de Brasil. La madre, una joven de 22 años, sostiene que el deceso se produjo a causa de una supuesta negligencia médica durante el trabajo de parto.

Según el documento de apertura de la investigación, firmado por el promotor de Justicia Paulo Maurício Gusmão, el procedimiento administrativo debe esclarecer si hubo fallos en los protocolos de atención obstétrica. El promotor es el órgano del Ministerio Público responsable de supervisar la correcta aplicación de la ley y defender los intereses de la sociedad en materia judicial.

De acuerdo con la denuncia, la paciente llegó al hospital con 39 semanas de gestación tras la ruptura de membranas. El parto evolucionaba de forma normal hasta el relevo de guardia: la médica inicialmente interviniente se retiró y el caso quedó a cargo de una colega que, en ese momento, cursaba el último mes de su residencia en ginecología y obstetricia. La madre asegura que la profesional no permaneció en la sala durante toda la dilatación y abandonó varias veces el quirófano sin supervisión.

Pese a la dilatación completa y el estado de agotamiento de la madre, ésta y otros miembros del equipo solicitaron una cesárea. La petición fue denegada, de acuerdo con el expediente. La recién nacida nació en estado crítico y falleció aproximadamente cinco minutos después, señala la acusación. Posteriormente, la médica volvió únicamente para realizar la sutura de la madre, sin más contacto con el neonato.

Al día siguiente, la madre pidió el alta hospitalaria para asistir al velatorio de su hija, pero fue informada de que la evaluación médica sólo se realizaría a las 14:00 horas. La trabajadora social del centro debió intervenir para que se autorizase la salida antes de lo previsto. Además, la familia detectó discrepancias entre los horarios anotados en el expediente clínico y posibles alteraciones en la documentación interna.

El caso ha puesto en foco la regulación de la residencia médica en Brasil. Para ejercer oficialmente, el profesional debe contar con registro activo en el Consejo Regional de Medicina (CRM). En la fecha del parto, la doctora investigada aún no figuraba inscrita en el CRM como ginecóloga-obstetra, lo que cuestiona si tenía atribuciones legales para intervenir sin supervisión directa.

Respuesta del Hospital Regional Justino Luz
El centro sanitario comunicó al MPPI que la elección de la vía de parto corresponde exclusivamente al médico responsable, y que la paciente ingresó con evolución obstétrica normal. Aseguraron que la doctora estuvo disponible para atender cualquier urgencia, descartando abandono asistencial. El hospital subrayó también que la médica se encontraba en el último mes de formación de su residencia y contaba con habilitación legal, según sus registros internos.

Por su parte, el CRM abrió una sindicancia —procedimiento interno de investigación— para averiguar si hubo infracción ética ou administrativa. La madre impugna la imparcialidad de la pesquisa realizada por el centro médico, dado que el director técnico del hospital mantendría vínculos profesionales con la familiar de la investigada.

Denuncia contra la Policía Civil
La madre presentó denuncia ante la Policía Civil local, pero afirma que no se inició ningún inquérito durante más de tres meses. Según ella, el delegado encargado sería hermano de la doctora investigada, lo que motivó la solicitud formal de cambio de autoridad para garantizar la imparcialidad de las pesquisas.

Contexto y antecedentes
El Hospital Regional Justino Luz es uno de los principales centros de referencia en obstetricia del interior de Piauí. Las deficiencias en la asistencia al parto y la escasez de especialistas en áreas remotas han sido motivo de alertas periódicas por parte de autoridades sanitarias. El MPPI suele intervenir en estos casos para fortalecer la fiscalización de la calidad de los servicios públicos de salud.

La investigación continúa abierta y se espera que en las próximas semanas se practiquen diligencias como la pericia del registro clínico, declaraciones de testigos y análisis de vídeo o registros de vigilancia interna, si los hubiere.

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