Belo Horizonte – Romeu Zema, exgobernador de Minas Gerais por el partido Novo, declaró que no ve “nada de malo” en que Eletrozema, empresa de la que es socio, haya recibido incentivos fiscales del gobierno de Minas Gerais durante su mandato.
Según datos divulgados esta semana por la Secretaría de Fazenda de Minas Gerais, Eletrozema fue beneficiada con descuentos en el Impuesto sobre la Circulación de Mercancías y Servicios (ICMS) por un valor de 2,28 millones de reales en 2025, equivalentes a aproximadamente 410 000 euros. Este beneficio forma parte de un régimen especial de tributación iniciado en junio de 2024.
En una nota oficial publicada el miércoles 24 de junio, Zema explicó que la empresa ya contaba con un régimen especial de tributación desde 2008, mucho antes de que él ingresara en la política. A su juicio, dicho régimen ha sido fundamental para atraer a grandes compañías de comercio electrónico a Minas Gerais, generando empleo y desarrollo en el estado. Durante su administración, aseguró, esos mismos incentivos estuvieron disponibles para cualquier empresa interesada en invertir en la región.
Los registros oficiales señalan que, por todas las exenciones de ICMS vigentes, el gobierno estatal dejó de recaudar casi 20 000 millones de reales, es decir, unos 3 600 millones de euros. Estas medidas fiscales forman parte de la política adoptada por varios gobiernos de Minas Gerais para estimular la economía local y captar inversiones externas, especialmente de sectores con alto potencial de crecimiento y generación de empleos.
A pesar de las dudas planteadas por la oposición, el Ejecutivo mineiro mantuvo estos datos bajo reserva hasta que, tras una petición formal de transparencia presentada a través del Portal de Transparencia, reveló los listados de empresas favorecidas.
Zema fue elegido gobernador de Minas Gerais en 2018 y reelegido en 2022. Este año dejó el cargo para postularse a la Presidencia de la República de Brasil. En paralelo, la diputada estatal Lohanna França (PV) presentó un mandado de seguridad para obligar al estado a divulgar los nombres de todas las empresas beneficiadas por exenciones fiscales. Francia argumenta que esos recursos podrían destinarse a proyectos en regiones desfavorecidas o a impulsar la innovación tecnológica, y criticó lo que considera falta de coherencia en la gestión de los incentivos.
El mandatario defiende, sin embargo, que los regímenes especiales de ICMS y los créditos presumidos son instrumentos legales y reconocidos por la mayoría de los estados brasileños para promover el desarrollo económico, mantener la competitividad y al mismo tiempo asegurar una recaudación justa. Matiza que todos estos regímenes fueron creados por administraciones anteriores y cuentan con la aprobación de un órgano colegiado, el Consejo Nacional de Política Fazendaria (Confaz), integrado por las Secretarías de Hacienda de las unidades federativas.
El ICMS es un tributo de naturaleza indirecta, similar al IVA en otros países, cuyo objetivo es gravar la circulación de mercancías, servicios de transporte interestatal e intermunicipal y comunicaciones. Cada estado define sus propias alícuotas y puede establecer regímenes especiales de crédito fiscal o exenciones para sectores estratégicos. En Brasil, estas políticas fiscales son un instrumento habitual de la competencia entre estados para atraer inversiones y fomentar la diversificación de la economía regional.
Tras la polémica, la Secretaría de Fazenda de Minas Gerais insistió en que los incentivos fiscales a Eletrozema se otorgaron bajo criterios estrictamente técnicos y con base en normas vigentes, sin ninguna excepción vinculada a la estructura societaria de la empresa. Subrayó también que las contrapartidas para acceder a estos beneficios incluyen la manutención de la actividad económica y de los empleos generados, conforme a los actos normativos aplicables en cada caso.
