Tropas especiales de EE.UU. desembarcan en ejercicio en la costa de Río de Janeiro, reforzando la alerta roja contra facciones brasileñas. (Foto: Instagram)
El gobierno de Estados Unidos anunció la decisión de clasificar al Comando Vermelho (CV) y al Primeiro Comando da Capital (PCC) como organizaciones terroristas. Esta medida sitúa a ambas facciones brasileñas en categorías semejantes a las empleadas contra grupos como Al-Qaeda, Estado Islámico y el Cártel de los Soles, vinculado al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.
En términos prácticos, esta clasificación no es meramente simbólica: autoriza sanciones, el bloqueo de activos, restricciones financieras y acciones legales contra individuos, empresas y organizaciones sospechosas de mantener lazos económicos, logísticos u operativos con estas facciones. Es como si Washington activara un alerta roja sobre cualquier vínculo que pudiera fortalecer al PCC o al CV.
La etiqueta de “organización terrorista” en la legislación estadounidense se fundamenta en la Foreign Terrorist Organizations (FTO) list, administrada por el Departamento de Estado. Una vez inscrita en esa lista, cualquier aporte financiero o material a esos grupos puede ser penado con hasta 20 años de cárcel, además de multas millonarias. Asimismo, obliga a entidades bancarias y plataformas de pago a congelar cuentas y transacciones vinculadas.
Esta medida reaviva una pregunta delicada: si Estados Unidos utilizó el discurso del narcoterrorismo como justificación antes de intervenir en Venezuela, ¿podría aplicarse un razonamiento parecido en Brasil?
El paralelo con la Venezuela de Maduro ganó fuerza porque, en aquel caso, EE.UU. asoció directamente al presidente venezolano con el narcotráfico y el Cártel de los Soles. En enero de 2026, una operación de las fuerzas especiales estadounidenses culminó con la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, quienes fueron trasladados a Nueva York para responder ante tribunales por cargos de tráfico de drogas.
Sin embargo, explica Mauricio Santoro, doctor en Ciencia Política por la UERJ y colaborador del Centro de Estudios Político-Estratégicos de la Marina de Brasil, existe una diferencia esencial entre ambos escenarios. “En Venezuela, Estados Unidos no reconocía a Nicolás Maduro como jefe de Estado y le imputó formalmente la condición de líder de una organización criminal. En Brasil no hay acusaciones de EE.UU. contra el presidente Lula”, aclara.
De este modo, aunque la retórica de Washington mantiene semejanzas —al emplear el concepto de narcoterrorismo—, el contexto político y jurídico es distinto: en Brasil el blanco de la acusación son las facciones criminales, y no el Ejecutivo federal.
No obstante, al incluir al PCC y al CV en la lista de organizaciones terroristas, EE.UU. amplía su margen de acción. Personas asociadas a esas facciones que viajen al territorio estadounidense se arriesgan a ser detenidas. Empresas brasileñas con activos o subsidiarias en EE.UU. podrían enfrentar investig aciones o embargo de sus bienes si se les vincula con dichos grupos.
Desde el punto de vista militar, algunos analistas alertan sobre la posibilidad de acciones dirigidas contra infraestructuras ligadas a las facciones, como aeródromos clandestinos o embarcaciones sospechosas de tráfico de drogas; operaciones análogas a aquellas realizadas en aguas cercanas a Venezuela. Sin embargo, cualquier intervención armada de EE.UU. en suelo brasileño sin autorización oficial sería considerada un acto de guerra y quebrantaría el derecho internacional.
Para Uriã Fancelli, máster en Relaciones Internacionales por las universidades de Estrasburgo y Groningen, el discurso del narcoterrorismo funciona como herramienta de presión geopolítica. “Si en Venezuela sirvió para el estrangulamiento político del régimen de Maduro, en Brasil se emplea más como palanca de influencia externa e incluso como elemento de disputa interna”, señala Fancelli, quien recuerda que ciertos sectores políticos brasileños podrían alinearse con la agenda de Washington.
Históricamente, Brasil no ha sufrido una intervención militar directa de EE.UU. desde las tensiones de 1964, antes del golpe del 31 de marzo. Hoy, el término “terrorismo” vuelve a reconfigurar las din ámicas de la diplomacia hemisférica, con el agravante de que las grandes facciones criminales brasileñas operan con sofisticados esquemas de financiación y logística transnacional.
La designación como organizaciones terroristas convierte al PCC y al CV en objetivos prioritarios bajo la legislación estadounidense, pero también en un foco de atención crítica para la soberanía brasileña y sus relaciones exteriores. El futuro de esta estrategia dependerá de la evolución del diálogo entre Brasil y EE.UU., del fortalecimiento de mecanismos de cooperación policial y del curso del combate interno contra el crimen organizado.
