El caso de la muerte de Isabella Nardoni ha registrado un nuevo giro tras el protocolo de un aditamento a la denuncia presentado por la Asociación del Orgullo LGBTQIAPN+ de São Paulo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, Estados Unidos. El documento, según informó el portal Metrópoles, solicita la reapertura de las investigaciones y demanda la prisión inmediata de Antônio Nardoni, padre de Alexandre Nardoni, quien fue condenado junto a su esposa, Anna Carolina Jatobá, por el homicidio de la niña en 2008.
La asociación que interpuso la petición está presidida por Agripino Magalhães y basa su solicitud en nuevos relatos que habrían sido recabados en el interior del presidio de Tremembé (estado de São Paulo), donde cumple condena Anna Carolina Jatobá. De acuerdo con la denuncia, al menos tres agentes penitenciarios habrían oído supuestas confesiones por parte de Jatobá, en las que ella atribuye a su suegro, Antônio Nardoni, un papel directo en la planificación y ejecución del crimen.
Entre los fragmentos de testimonio incluidos en el aditamento, una fuente declara que, al ser preguntada quién había ordenado el asesinato de Isabella, Jatobá respondió que actuó por mandato de “ese viejo”. Al preguntarle si se refería a su suegro, la reclusa habría confirmado llorando y asintiendo con la cabeza. Además, la petición sostiene que Antônio Nardoni instruyó a su hijo para alterar pruebas y simular un accidente, con el objeto de desviar la investigación y proteger a los verdaderos responsables.
El abogado Angelo Carbone, representante de la asociación, defiende en el escrito que una eventual autorización de corte de las líneas telefónicas entre padre e hijo durante el proceso original permitiría esclarecer si existió coordinación para encubrir evidencias. Con base en estos elementos, la documentación remitida a la CIDH solicita tres medidas concretas: la detención preventiva de Antônio Nardoni, mecanismos de protección para los testigos que temen represalias, y la supervisión directa del caso por parte de representantes de la Comisión Interamericana.
Contexto histórico
El caso Nardoni atrajo la atención nacional e internacional cuando, en marzo de 2008, la pequeña Isabella, de apenas cinco años, cayó desde el sexto piso del edificio donde vivía con su padre, Alexandre, y su madrasta, Anna Carolina. Tras meses de investigaciones, el Tribunal de Justicia de São Paulo sentenció a Alexandre a 31 años y nueve meses de prisión y a Jatobá a 26 años y ocho meses, por homicidio doloso y falsificación de pruebas. En 2021, un tribunal de segunda instancia confirmó las condenas, y desde entonces ambos cumplen su pena en centros penitenciarios de alta seguridad.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es un órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que monitorea y promueve la observancia de los derechos humanos en el continente. Entre sus funciones está la de recibir peticiones individuales o colectivas, examinar casos de violaciones y recomendar medidas de reparación o investigaciones complementarias. Si bien sus decisiones no son vinculantes en términos judiciales, suelen ejercer presión política y diplomática sobre los Estados miembros.
Relevancia del aditamento
La estrategia de la asociación paulista busca reactivar el escrutinio internacional sobre el caso, alegando que persistiría en él una dimensión de impunidad o falta de exhaustividad en las diligencias originales. El recurso a la CIDH pretende forzar la adopción de nuevas acciones por parte de las autoridades judiciales brasileñas y garantizar la protección de quienes puedan aportar información adicional.
De prosperar la petición, las autoridades de Brasil podrían verse obligadas a revisar declaraciones testimoniales, explorar nuevos peritajes forenses y abrir mecanismos de resguardo para los funcionarios penitenciarios que aseguran haber escuchado la supuesta confesión. Además, la atención de un organismo supranacional reforzaría el escrutinio público y mantendría vivo el debate sobre la búsqueda de la verdad judicial en uno de los casos de homicidio de una menor que más repercusión ha tenido en el país.
