
La COP31 recupera la obligación de financiación climática, pero deja sin cifra el objetivo para adaptación. (Foto: Instagram)
El nuevo borrador de acuerdo de la cumbre climática de Antalya (COP31), difundido este domingo, vuelve a mencionar expresamente la obligación legal de los países desarrollados de aportar financiación. Sin embargo, mantiene sin una cantidad concreta el objetivo de triplicar los fondos para adaptación antes de 2035.
El texto, presentado por las copresidencias de Turquía y Australia, se llevará al plenario, cuya reanudación está prevista para las 11:00, hora local, y las 9:00 en la Península, después de dos días de prórroga. En el capítulo financiero, busca acercar las posiciones de los países en desarrollo, que reclaman garantías sólidas de financiación pública, y las economías industrializadas, reacias a aceptar nuevos compromisos cuantitativos.
Para intentar desbloquear el apoyo de las naciones en desarrollo, el borrador recupera una referencia explícita al artículo 9.1 del Acuerdo de París. El texto señala que los países desarrollados «deberán proporcionar recursos financieros» para ayudar a los países en desarrollo en materia de mitigación y adaptación, en continuidad con sus obligaciones existentes. También recuerda que otros países pueden contribuir voluntariamente.
La nueva versión no fija un mínimo para triplicar la financiación destinada a adaptación de aquí a 2035. El borrador del jueves ya había eliminado la cifra de «al menos 120.000 millones de dólares» anuales, incluida en la primera versión del lunes. En su lugar, encomienda al Comité Permanente de Finanzas elaborar un informe técnico con opciones para establecer la base de cálculo y aplaza a la COP32, prevista para noviembre de 2027, la definición de una hoja de ruta de aplicación.
Además, las presidencias de la COP31 y la COP32 impulsarán la «Hoja de Ruta de Antalya a Adís Abeba sobre Financiación para la Adaptación y la Resiliencia». La iniciativa busca identificar fuentes públicas predecibles e innovadoras y facilitar el acceso a los fondos antes de finales de 2027. El documento mantiene la estimación de que las necesidades recogidas en los planes climáticos nacionales de los países en desarrollo se sitúan entre 5,1 y 6,8 billones de dólares hasta 2030, equivalentes a entre 455.000 y 584.000 millones anuales. A esa cantidad se suman otros 305.000 millones al año para adaptación hasta 2035.
El borrador final elimina las referencias críticas de versiones anteriores a la falta de liquidez del Fondo para Pérdidas y Daños. Estas indicaban que las solicitudes alcanzaban los 2.800 millones de dólares, frente a 342 millones asignados, y que solo se había desembolsado la mitad de los 822 millones prometidos. En su lugar, el texto incluye un llamamiento diplomático a seguir ampliando los recursos del fondo.
Por último, el documento insiste en la necesidad de reformar la arquitectura financiera multilateral para eliminar obstáculos como los elevados costes de capital y el limitado margen fiscal de los países en desarrollo. También recoge que la financiación climática de los bancos multilaterales de desarrollo aumentó un 21% en el último año. Estos bancos se dirigen a aportar 120.000 millones anuales y movilizar 65.000 millones de financiación privada en 2030.


