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Frente Amplio considera el 29N una «encrucijada histórica»

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Frente Amplio sitúa la vivienda en el centro de su programa para las elecciones del 29N (Foto: Instagram)

Frente Amplio afronta las elecciones del próximo 29N como una «encrucijada histórica». Ada Colau, candidata de la coalición a la presidencia del Gobierno, afirma que busca impedir un Ejecutivo de derecha y extrema derecha y avanzar en medidas progresistas. Su condición para un Gobierno de coalición es que el primer acuerdo del Consejo de Ministros sea un decreto para reducir los alquileres. La vivienda es la principal prioridad, aunque el programa incluye más de mil medidas, entre ellas una reforma fiscal profunda y una jornada máxima de 32 horas.

En vivienda, la coalición propone crear un parque público de alquiler asequible, impedir que las viviendas protegidas pasen al mercado libre y expropiar inmuebles de grandes tenedores corporativos. Quiere prohibir la compra especulativa de viviendas por empresas y bancos, extinguir progresivamente las licencias de uso turístico y los alquileres de temporada fraudulentos en zonas tensionadas, y reconocer legalmente a los sindicatos de inquilinas. Plantea limitar las rentas en esas zonas, garantizar públicamente a los propietarios que alquilen a precios asequibles y establecer contratos indefinidos por defecto. También defiende acabar con los desahucios sin alternativa habitacional, regular la dación en pago, eliminar cláusulas abusivas y reformar la Constitución para blindar este derecho. Propone un IBI progresivo y un impuesto del 10% a particulares con más de cuatro viviendas cuyo valor conjunto alcance los 800.000 euros; las corporaciones lo pagarían desde su primer inmueble, salvo por viviendas de alquiler asequible y estable.

En derechos sociales, plantea una prestación universal de 200 euros por cada menor de 18 años, prohibir los cortes de suministros a hogares vulnerables y conceder de oficio el Ingreso Mínimo Vital, con el objetivo de que ningún hogar quede por debajo del 40% de la renta media. Añade permisos para cuidados, crianza, nacimiento y adopción, y un permiso para acompañar a familiares en cuidados paliativos. En sanidad propone ampliar las coberturas bucodentales, visuales y auditivas, revisar contratos privados y atender integralmente la menopausia. En educación plantea bajar las ratios, ofrecer comedores gratuitos en centros públicos de infantil y primaria, regular la inteligencia artificial y los móviles, invertir en aulas y escuela rural, aumentar las becas y reducir la carga lectiva del profesorado. También propone un plan de atención a la infancia migrante y reconocer el voto desde los 16 años.

La coalición defiende blindar constitucionalmente el aborto libre y universal en la sanidad pública, combatir la violencia machista y LGTBIfóbica, ampliar la definición de violencia vicaria y reforzar VioGen y los juzgados especializados. Propone prioridad en vivienda pública para las víctimas, suspender cautelarmente las visitas de progenitores investigados por violencia, impulsar un pacto estatal por los cuidados y desplegar la Ley Trans. En cultura, plantea retirar a la tauromaquia el reconocimiento de patrimonio cultural y sus ayudas estatales, desarrollar el Estatuto del Artista y aprobar planes de diversidad cultural y lingüística.

En materia fiscal, propone un tipo mínimo del 20% en Sociedades para grandes corporaciones, reformar el impuesto a las grandes fortunas con patrimonios superiores al millón de euros y crear un gravamen estatal a las grandes herencias, con un máximo heredable de 10 millones. Plantea reducir el IRPF a rentas inferiores a 27.000 euros, incentivar los alquileres asequibles y estables y rebajar el IVA de bienes y servicios básicos, incluidos veterinarios y peluquerías. También propone un IVA eléctrico progresivo y del 0% para productos sin gluten. En empleo, plantea elevar el salario mínimo hasta al menos el 60% del salario medio, implantar el registro digital de jornada y pasar a 37,5 horas semanales en 2026, con una reducción gradual hasta las 32. Para las pensiones propone protección constitucional, revalorización según el IPC y jubilación a los 65 años, o a los 60 en trabajos especialmente penosos.

En transición ecológica, plantea acelerar las renovables, reducir la dependencia de combustibles fósiles, crear un Fondo Generacional de la Energía —la mitad de cuyos beneficios iría a vivienda pública, rehabilitación y pensiones— y reforzar la prevención de inundaciones e incendios. Para el transporte propone un pacto estatal por el tren, auditar la alta velocidad, mejorar su seguridad e inversión y reforzar Cercanías, además de un abono integrado estatal y protección del taxi. En industria, apuesta por un fondo público tecnológico, regular los requisitos energéticos de los centros de datos y dotar a la SEPI de recursos para invertir en sectores estratégicos.

El programa incluye un pacto agroalimentario sostenible, más ganadería extensiva y ecológica, pastoreo y agricultura ecológica. Para combatir la despoblación propone servicios básicos a menos de 30 minutos, vivienda rural sostenible e internet rápido; en Baleares y Canarias, diversificar la economía para reducir la dependencia turística. También plantea reformar la financiación autonómica con un 2,3% del PIB adicional y condonar deuda autonómica y municipal bajo condiciones contra el dumping fiscal. En migración, propone un procedimiento estable, permanente y reglado de regularización administrativa.

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