São Paulo. La Quinta Sala del Superior Tribunal de Justicia de Brasil (STJ) rechazó la petición de prisión preventiva del policía militar Guilherme Augusto Macedo, acusado por la muerte del estudiante de Medicina Marco Aurélio Cardenas Acosta. Marco Aurélio, de 22 años, recibió un disparo a quemarropa dentro de un hotel del barrio de Vila Mariana, en el sur de São Paulo, en noviembre de 2024.
Es la sexta vez que la Justicia rechaza la prisión preventiva del agente. El recurso lo presentó el asistente de la acusación y padre de la víctima, el médico Júlio César Acosta Navarro, contra una decisión individual del presidente del STJ, el magistrado Luis Felipe Salomão.
La Quinta Sala no examinó el fondo de la petición, es decir, no decidió si el policía debía ingresar en prisión. La solicitud fue rechazada porque el magistrado ponente, Reynaldo Soares da Fonseca, consideró que la acusación había formulado «alegaciones genéricas» contra el recurso anterior y no había rebatido detalladamente todos los fundamentos expuestos en las instancias previas.
«No bastan las alegaciones genéricas sobre los motivos que llevaron a la inadmisión del recurso, ni un ataque tardío al contenido de la decisión o la insistencia en el fondo de la controversia», escribió el magistrado.
El mes pasado, el Ministerio Público Federal también solicitó al STJ la prisión preventiva de Guilherme Augusto Macedo. En el documento, firmado por el subprocurador general José Elaeres Marques Teixeira, se afirma que «las circunstancias concretas revelan una gravedad acentuada y evidencian la peligrosidad del agente».
El padre del estudiante calificó la negativa de «triste y dolorosa». «En otro episodio triste y doloroso, por sexta vez se ha denegado la prisión del acusado que asesinó a mi hijo», lamentó Navarro.
Este viernes, 6 de noviembre, el médico publicó una carta abierta al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en la que pide justicia por la muerte de su hijo. En el texto, afirma: «El día vuelve a empezar, la sentencia se repite y yo muero otra vez».
En la carta, Navarro se dirige al presidente y le dice que escribe de nuevo porque cree que puede comprenderlo. Lo describe como padre y humanista y alude a los 580 días que, según afirma, estuvo encarcelado injustamente. «Usted consiguió atravesar esa puerta con fuerza y valor. Yo sigo al otro lado», escribe.
El padre cuenta que, desde hace 717 días, se despierta en la madrugada del 20 de noviembre de 2024, cuando su hijo menor, estudiante de Medicina de 22 años, agonizaba con una bala en el abdomen. Sostiene que el disparo fue efectuado a quemarropa por un policía militar. Añade que los dos agentes implicados son ahora acusados, pero continúan en libertad, uniformados y cobrando del Gobierno del estado de São Paulo.
Navarro relata que el 4 de noviembre sintió que moría por sexta vez, después de que la Quinta Sala del STJ rechazara el recurso. En la carta reproduce la fórmula procesal «recurso interno en el AREsp 3.341.718/SP conocido parcialmente y, en esa extensión, desestimado» y explica que, en términos sencillos, la Justicia volvió a rechazar la prisión preventiva del policía que disparó contra su hijo. Compara la repetición de la decisión con la película «Al filo del mañana»: «El día empieza de nuevo, la sentencia se repite y yo muero otra vez».
El médico también critica que el tribunal no examinara si la prisión era necesaria y cerrara el paso por una cuestión formal, pese a que el Ministerio Público Federal había solicitado el encarcelamiento. En su carta atribuye a uno de los policías la frase «estoy siguiendo a ese chaval… quiero ver si va a hacer algo» y sostiene que el agente armado persiguió a un joven desarmado y sin camiseta y le disparó en el abdomen a quemarropa, sin que existiera un riesgo concreto. «La verdad fue reconocida. Faltó alguien dispuesto a juzgarla», afirma.
A continuación enumera las instituciones y autoridades a las que considera que la familia ha acudido desde aquella madrugada, entre ellas la comisaría, la dirección de la Policía Civil, los tribunales y la Fiscalía. También menciona al exsecretario estatal Guilherme Derrite y al gobernador Tarcísio de Freitas, a quienes reprocha no haber mostrado sensibilidad o valor para afrontar el caso.
Navarro explica que pasó su vida tratando de salvar a personas enfermas de aterosclerosis y de COVID-19, pero que tuvo que aprender «una profesión que nunca quiso: diseccionar la injusticia». Afirma que ha protestado en las calles, en cuarteles y ante las Naciones Unidas, y que desarrolló métodos y escalas para medir la cobardía policial, registrados en la literatura académica.
En la carta recuerda los homenajes recibidos por su hijo, entre ellos el título póstumo de médico concedido por la universidad y la acreditación profesional entregada por el Cremesp. Describe a Marco Aurélio, apodado «Maicosillo», como un joven alegre, deportista, inteligente y querido. «Se convirtió en el joven médico que el mundo no llegó a conocer», escribe, antes de citar un verso que atribuye a su hijo: «Amigos seremos por toda la eternidad».
El padre concluye que no pide venganza, sino paz y dignidad para una familia que ha perdido su estabilidad. Solicita que el Gobierno federal apoye las vías legales para que se haga justicia y pide al presidente que los reciba. «Mientras la justicia no llegue, seguiré despertándome en aquella madrugada. Y seguiré escribiendo», termina la carta, firmada por Júlio César Acosta Navarro, padre de Marco Aurélio y profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de São Paulo.
Los dos policías militares acusados por la muerte del estudiante, Bruno Carvalho do Prado y Guilherme Augusto Macedo, serán juzgados por un tribunal del jurado. El Tribunal de Justicia de São Paulo rechazó el 29 de septiembre un recurso presentado por sus defensas.
La defensa de Macedo pidió su absolución sumaria alegando legítima defensa. Los abogados de Carvalho sostuvieron que este no había participado en el crimen. También solicitaron que, si no se aceptaba la absolución, los acusados no fueran enviados a juicio por falta de pruebas y, como última opción, que se retiraran dos agravantes: el motivo vil y el recurso que habría dificultado la defensa de la víctima.
La Duodécima Cámara de Derecho Penal rechazó el recurso por unanimidad y mantuvo la decisión de la jueza Luiza Torggler Silva. La Justicia consideró que existían pruebas e indicios suficientes de autoría y que los policías debían ser juzgados por homicidio con dos agravantes.
El abogado de la familia, Vladimir Sampaio Soares, afirmó que la resolución significaba que «el sistema funciona como debe». Añadió que, con las pruebas disponibles, el caso pasaba a quienes tienen la potestad de juzgarlo: el pueblo. El abogado de los dos policías, João Carlos Campanini, señaló que la defensa respetaba la decisión, aunque no estaba de acuerdo, y sostuvo que la legítima defensa estaba acreditada en el expediente.
