El Distrito Federal y los estados de Río de Janeiro y Amapá acudieron al Supremo Tribunal Federal (STF) para solicitar que se les permita participar en posibles acuerdos con las personas investigadas en el caso Banco Master. Los tres gobiernos sostienen que las conductas objeto de la investigación les causaron perjuicios y que deben poder intervenir en las negociaciones destinadas a recuperar recursos y reparar daños.
La petición fue presentada la tarde del viernes 6 de noviembre en el marco de la investigación de la Policía Federal (PF) sobre presuntas irregularidades financieras relacionadas con el Banco Master y el Banco de Brasília (BRB). El documento fue remitido al presidente del STF, el ministro Edson Fachin, quien todavía no ha examinado la solicitud.
Los gobiernos afirman que se vieron afectados en distinta medida por los hechos investigados. A partir de esa consideración, defienden que, en calidad de víctimas, tienen interés y legitimidad para participar en eventuales negociaciones con los investigados. Entre las posibles vías que mencionan figuran los acuerdos de colaboración premiada, los acuerdos de no persecución penal y las transacciones penales.
Según las procuradurías, la intervención de los gobiernos permitiría proteger sus intereses patrimoniales y contribuir a definir medidas para recuperar las cantidades afectadas. En el escrito, sostienen que su participación podría formar parte de una solución no adversarial, es decir, una salida negociada en lugar de una resolución basada exclusivamente en la confrontación entre las partes. El documento plantea que esa solución debería ser efectiva para lograr la restitución integral del patrimonio y atender los intereses públicos.
Los representantes legales añaden que la participación solicitada también abarcaría a las entidades de la Administración Pública indirecta que pudieran haber sufrido perjuicios. Proponen colaborar en el diseño de eventuales soluciones restaurativas y de reparación. Al mismo tiempo, aclaran que presentar la petición no supone renunciar ni desistir de otras medidas judiciales, incluidas las que pudieran plantearse de manera autónoma, ahora o en el futuro.
La solicitud no constituye una decisión del tribunal sobre la existencia de daños ni sobre la responsabilidad de las personas investigadas. Por ahora, los tres gobiernos han expuesto su posición y pedido intervenir en posibles acuerdos; la petición sigue pendiente de análisis por parte de Fachin.
**Inversiones en el Banco Master**
Aunque los gobiernos de Río de Janeiro y Amapá afirman que fueron víctimas de las conductas investigadas, no detallaron qué perjuicios concretos habrían sufrido en operaciones vinculadas al Banco Master. Sus fondos de pensiones, sin embargo, realizaron inversiones en productos financieros relacionados con la entidad.
La PF señala que Rioprevidência, responsable del sistema de pensiones de los empleados públicos de Río de Janeiro, invirtió cerca de 156,5 millones de euros en letras financieras del Banco Master. La policía también investiga alrededor de 322,6 millones de euros colocados en fondos relacionados con el banco. Estas cantidades son conversiones aproximadas, calculadas tomando como referencia 1 euro por cada 6,20 reales.
Por su parte, Amapá Previdência (Amprev), encargada de gestionar las pensiones de los empleados públicos estatales, invirtió aproximadamente 64,5 millones de euros en letras financieras del Master, también según la información sobre las operaciones investigadas por la PF. La investigación policial examina esas inversiones, sin que la petición presentada ante el STF detalle qué pérdidas atribuye cada gobierno a las operaciones.
El caso reúne así dos cuestiones relacionadas, pero distintas: la investigación de las presuntas irregularidades financieras y la solicitud de los gobiernos para participar en eventuales acuerdos que permitan recuperar patrimonio. La decisión sobre si podrán intervenir en esas negociaciones corresponde ahora al Supremo.
