El Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazó la petición del Gobierno de Donald Trump para apartar del recuento votos por correo de California mientras se verificaba la ciudadanía de unos 20.000 electores. (Foto: Instagram)
El Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazó el lunes 2 de noviembre la solicitud del Gobierno de Donald Trump para impedir el recuento de votos por correo de California vinculados a electores cuya ciudadanía cuestionan las autoridades federales. La lista afectada incluía a unas 20.000 personas.
Trump pretendía que las papeletas quedaran apartadas hasta comprobar qué votantes tenían derecho a participar en las elecciones. La decisión supone un revés para su Gobierno en la víspera de los comicios de mitad de mandato, previstos para el martes 3 de noviembre.
En esas elecciones se renovarán los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 de los 100 del Senado. En algunos estados, entre ellos California, también se elegirán gobernadores. La resolución del Supremo ocupa una página y no ofrece explicaciones sobre los motivos del rechazo.
La petición ya había sido desestimada el miércoles 28 de octubre por el juez federal David O. Carter, quien señaló dudas sobre la fiabilidad de los datos presentados por el Gobierno y el riesgo de excluir votos de ciudadanos estadounidenses. Trump criticó el fallo al día siguiente: afirmó que California era «muy corrupta» y que sus elecciones estaban «extremadamente corrompidas». También dijo que el juez no debería haber tomado esa decisión y que recurrirían.
El viernes 30 de octubre, otro tribunal federal rechazó la medida por dos votos frente a uno, después de que el Gobierno recurriera. La mayoría consideró que los argumentos no bastaban para obligar a las autoridades electorales a cambiar sus procedimientos con la votación ya en marcha.
La Administración de Trump defendía que los funcionarios electorales identificaran las papeletas asociadas a los nombres de la lista y esperaran a verificar la ciudadanía antes de incluirlas en el recuento. La Justicia advirtió de posibles perjuicios tanto para los votantes que sí tenían derecho a participar como para el desarrollo del escrutinio. Las autoridades de California, por su parte, cuestionaron el método utilizado para identificar a los presuntos electores sin ciudadanía estadounidense.
