La dirección estatal del PT en São Paulo organizó un grupo de trabajo para responder al elevado número de testimonios sobre boicots, violencia y acoso laboral contra personas que, según las denuncias, habrían manifestado su apoyo a la reelección del presidente Lula (PT). En menos de 48 horas, el partido recibió 42 denuncias formales de violencia y persecución política y empezó a estudiar cómo ofrecer asistencia jurídica gratuita a las víctimas.
La iniciativa fue coordinada por la dirección estatal junto con el colectivo Grupo Prerrogativas, el sector jurídico del partido y los abogados que prestan servicio a la formación. También se puso en marcha una campaña en las redes sociales para que las personas afectadas relataran lo ocurrido y pudieran solicitar apoyo al grupo de trabajo. La campaña busca reunir las denuncias y facilitar el contacto con quienes pueden ofrecer asistencia jurídica.
«Los episodios históricos muestran adónde pueden conducir la persecución política, la intolerancia y los boicots motivados por prejuicios o divergencias ideológicas. No podemos tratar como normales actitudes que recuerdan a períodos oscuros de la humanidad. Defender a quienes son perseguidos también significa defender la democracia», afirmó Kiko Celeguim, diputado federal reelegido y presidente del PT de São Paulo.
En pocas horas, el partido recibió 19 denuncias de represalias por discrepancias de opinión política, 17 relacionadas con persecución económica, 15 por acoso verbal, amenazas e intimidaciones, 14 por despidos motivados por la posición política y cinco casos de agresión física o daños a bienes. Estas cifras corresponden a los tipos de situaciones señaladas en los testimonios. Una misma denuncia puede incluir más de una categoría, por lo que los recuentos de cada tipo de incidencia no equivalen necesariamente al número de denuncias formales.
«En algunos casos será necesario presentar una demanda judicial por daños morales, incluidos los daños morales colectivos. Es el caso, por ejemplo, de un vicealcalde del interior que promueve un boicot. Hay varias medidas jurídicas que se pueden tomar en los próximos días», señaló el abogado Michel Bertoni Soares, que presta asistencia al PT-SP. Las cifras comunicadas por el partido no incluyen las denuncias recibidas durante el fin de semana.
En el interior de São Paulo, un comerciante contó que un agresor entró en su establecimiento con bloques de hormigón retirados de una obra cercana y los lanzó contra la estructura del local. Según su relato, el hombre amenazó con matar a quienes habían votado a Lula. En otra localidad, unas escuelas de danza infantil incluidas en una lista de boicot tuvieron que contratar con urgencia seguridad privada para celebrar actuaciones en las que participaban niños, ante el temor a posibles actos extremistas.
El Ministerio Público del Trabajo (MPT) había registrado, hasta las 11.30 del jueves 29, un total de 3.465 denuncias de acoso electoral en todo el país. De ellas, 297 correspondían al interior del estado de São Paulo. La cifra del MPT corresponde al conjunto de denuncias registradas por ese organismo y no solo a las recibidas por el PT-SP.
La noche de ese mismo jueves, el MPT obtuvo una decisión judicial para que Meta retirara 15 publicaciones que alentaban el despido de trabajadores por su ideología política. Entre los perfiles afectados figura el de un diputado estatal electo por São Paulo, del partido Progressistas, que publicó un vídeo en el que se reía al reaccionar a la grabación de una mujer llorando porque su marido había perdido el empleo.
La información disponible distingue, por tanto, entre las denuncias recibidas por el partido y las registradas por el Ministerio Público del Trabajo. También recoge posibles vías de actuación jurídica, que pueden incluir demandas por daños morales, así como medidas relacionadas con publicaciones difundidas en redes sociales. El grupo de trabajo del PT-SP se organizó para atender las denuncias comunicadas en el estado y estudiar el apoyo que puede prestarse a las personas afectadas.
