Acto oficial junto al memorial del 11-S en Nueva York con líderes políticos en señal de recuerdo y respeto. (Foto: Instagram)
Las familias de víctimas del 11 de septiembre de 2001 han intensificado su petición de acceso a documentos clasificados que, aseguran, podrían arrojar luz sobre la supuesta vinculación de Arabia Saudí con los atentados. Estos colectivos sostienen que evidencias hasta ahora retenidas por el Gobierno de Estados Unidos contienen detalles cruciales sobre posibles conexiones financieras, diplomáticas o logísticas que involucrarían a ciudadanos y autoridades saudíes.
Para presentar su demanda, los afectados invocan la Ley de Justicia contra los Patrocinadores del Terrorismo (JASTA, por sus siglas en inglés), aprobada en 2016 en el Congreso de Estados Unidos. Este texto legislativo permite a las víctimas de actos terroristas en suelo estadounidense demandar a gobiernos extranjeros en tribunales federales siempre que exista presunta responsabilidad en esos ataques. Las familias creen que JASTA les da el marco jurídico para exigir que el Departamento de Estado y otras agencias liberen informes, comunicaciones internas y expedientes de inteligencia.
Desde hace años, los abogados de los demandantes han presentado solicitudes bajo la Ley de Libertad de Información (FOIA) y peticiones de desclasificación de archivos al Departamento de Justicia y la Agencia Central de Inteligencia (CIA). En la mayoría de los casos, estos requerimientos han sido denegados aduciendo razones de seguridad nacional o protección de fuentes y métodos de inteligencia. Sin embargo, los litigantes apelan esas resoluciones ante tribunales federales, argumentando que el interés público y el derecho a la verdad prevalecen frente a la confidencialidad.
Arabia Saudí, por su parte, ha rechazado de manera reiterada cualquier implicación oficial en los ataques del 11 de septiembre de 2001. La monarquía saudí sostiene que ni el Gobierno ni instituciones estatales tuvieron participación directa o indirecta en el financiamiento de los atentados. A lo largo de las dos últimas décadas, Riad ha mantenido una postura de cooperación limitada en ciertas investigaciones, aunque nunca ha accedido a liberar documentos internos ni a permitir entrevistas a alto nivel sobre el asunto.
El trasfondo histórico de los atentados recuerda cómo el 11 de septiembre de 2001, 19 militantes de Al Qaeda secuestraron cuatro aviones comerciales y llevaron a cabo ataques coordinados contra el World Trade Center en Nueva York, el Pentágono en Washington D.C. y un campo en Pensilvania. El impacto de aquellas acciones provocó cerca de 3.000 fallecidos y marcó un antes y un después en las políticas de seguridad y antiterrorismo a nivel global.
Técnicamente, los archivos solicitados pueden incluir registros de control de pasaportes, comunicaciones interceptadas, movimientos bancarios y reportes de diplomáticos sobre posibles donaciones a organizaciones vinculadas a los secuestradores. Todos estos documentos suelen clasificarse como secretos o de alto secreto y quedan protegidos durante décadas antes de su revisión para desclasificación.
Además de las vías judiciales, algunos familiares han organizado campañas de presión mediática y apelan a congresistas de ambos partidos para que impulsen nuevas medidas de transparencia. Los plazos judiciales vigentes y las posibles apelaciones podrían prolongar el proceso durante meses o incluso años, mientras que el contenido de los documentos podría influir en las relaciones entre Washington y Riad.
