Un conjunto de documentos de la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin) relacionados con los actos del 8 de enero pone de manifiesto discrepancias entre dos versiones de un informe entregado al Congreso de Brasil. Según la columna de Malu Gaspar, del diario O Globo, la primera versión, elaborada durante la gestión del general Gonçalves Dias al frente del Gabinete de Seguridad Institucional (GSI), no incluía los 11 avisos enviados al teléfono móvil del ministro sobre los riesgos de tumultos e invasiones a edificios públicos.
La información fue confirmada a la misma columna por varios parlamentarios que tuvieron acceso a esos documentos durante una sesión secreta de la Comisión Mixta de Control de las Actividades de Inteligencia (CCAI). Esta comisión, integrada por diputados y senadores, está facultada para supervisar todas las operaciones de los servicios de inteligencia del Estado. El material también debía ser remitido a la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) que indaga los hechos del 8 de enero.
La primera versión del informe se entregó a la CCAI el 20 de enero, tras una solicitud formal de esa misma comisión. El documento, suscrito por Saulo Moura da Cunha, quien entonces ocupaba el cargo de director adjunto de la Abin, no contenía ningún registro de los 11 avisos que se habrían recibido entre el 6 y el 8 de enero. Ese periodo coincide con la fase de preparación y desarrollo de las manifestaciones que desembocaron en invasiones a los palacios de los Tres Poderes en la capital, Brasilia.
En contraste, una segunda versión del informe llegó a manos de la CCAI el 8 de mayo. Esta nueva entrega se produjo cuando la Abin ya estaba adscrita a la Casa Civil de la Presidencia y el GSI había pasado a estar dirigido por el general Marco Antonio Amaro dos Santos, sucesor de Gonçalves Dias. La versión revisada, firmada por el actual director adjunto de la Abin, Alessandro Moretti, sí incorporaba los 11 avisos originales. Según esos registros, tres de los alertas habían sido enviados exclusivamente al entonces jefe del GSI.
La orden para remitir el informe corregido partió del ministro Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF), en respuesta a una petición de la Procuraduría-General de la República (PGR), el órgano equivalente al Ministerio Público Federal. Tras la difusión de la noticia, el Gobierno anunció a los miembros de la comisión que levantaría el secreto de los documentos.
La diferencia entre ambas versiones ha generado inquietud entre los legisladores y los investigadores. De acuerdo con O Globo, personal de la Abin conocía el contenido de los informes originales y desconocía que la entrega inicial al Congreso omitiera los avisos críticos sobre riesgos de violencia. Este tipo de alteraciones en documentos oficiales de inteligencia puede acarrear implicaciones legales y políticas relevantes, pues atañe a la transparencia en la información que reciben los representantes electos.
El general Gonçalves Dias abandonó su cargo poco después de que la cadena CNN difundiera imágenes grabadas en el interior del Palacio del Planalto durante la invasión. En las grabaciones se le ve desplazándose por distintas dependencias mientras los manifestantes se encontraban dentro del edificio. Horas antes de que se hicieran públicos los avisos de la Abin, Dias había declarado ante la Policía Federal que no había recibido ninguna alerta sobre posibles ataques o asaltos a los edificios de los órganos del Estado, y mantuvo esa versión aun después de que el diario Folha de S.Paulo divulgara el contenido de los mensajes.
Pese a la constatación de que ambas entregas presentaban diferencias sustanciales, los parlamentarios no han logrado determinar, únicamente con base en los documentos, qué persona o entidad suprimió los registros en la versión inicial, ni el mecanismo exacto de dicha alteración. La investigación en curso busca esclarecer la cadena de custodia de la información y responsabilizar a quienes resulten implicados en su manipulación.
