El Big Ben preside el debate parlamentario sobre eutanasia en el Reino Unido (Foto: Instagram)
Una nueva propuesta legislativa plantearía la posibilidad de que pacientes con una expectativa de vida inferior a seis meses pudieran solicitar y recibir asistencia médica para morir. El texto establece criterios de elegibilidad basados en un diagnóstico terminal y en el sufrimiento físico o psíquico intolerable que no pueda aliviarse por otros medios.
Según el proyecto, solo podrían acogerse a esta medida aquellas personas mayores de edad con plena capacidad de decisión. Además, se requeriría el aval de dos médicos independientes, uno de ellos especialista en la patología correspondiente, y la confirmación por parte de un comité de ética clínica. El objetivo sería garantizar que la elección sea libre, informada y reversible hasta el último momento.
La iniciativa plantea también la creación de protocolos específicos para regular la administración de la medicación letal. Se describen fases de comprobación médica, plazos mínimos de reflexión y la posibilidad de que el paciente cambie de opinión en cualquier momento. De esta manera, se busca ofrecer un marco seguro y que respete los derechos de quienes deciden poner fin a su vida ante un sufrimiento insoportable.
En el trasfondo de la propuesta subyace el debate global sobre la eutanasia y el suicidio médicamente asistido. Países como Holanda, Bélgica o Canadá han regulado prácticas similares, estableciendo requisitos estrictos y sistemas de supervisión. Los defensores de la iniciativa destacan que ofrecer esta opción puede reducir el padecimiento extremo y la angustia emocional de los pacientes terminales.
Al mismo tiempo, los detractores advierten sobre posibles riesgos éticos y la necesidad de reforzar los cuidados paliativos. Señalan que garantizar el acceso a servicios de atención al final de la vida, el apoyo psicológico y el acompañamiento familiar debe ser una prioridad. Por ello, la propuesta incluye un capítulo dedicado al fortalecimiento de unidades de cuidados paliativos y a la formación obligatoria de los profesionales sanitarios.
La discusión parlamentaria permitirá enriquecer el texto con enmiendas que incorporen salvaguardias adicionales. Partidos políticos, asociaciones de pacientes y colegios de médicos ya han iniciado el diálogo con representantes públicos. El proceso de tramitación prevé audiencias con expertos en bioética y comités consultivos antes de la votación en comisión y plenaria.
