La Ordem dos Advogados do Brasil en el Distrito Federal (OAB-DF) aprobó, en la última reunión extraordinaria celebrada entre la noche del 8 y la madrugada del 9 de septiembre, el envío al Consejo Federal de la entidad de un conjunto de propuestas que incluyen solicitudes de impeachment y de investigación contra los ministros del Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes y Dias Toffoli.
En concreto, la OAB-DF decidió:
1. Presentar ante el Senado Federal peticiones de apertura de procesos de impeachment contra los ministros Alexandre de Moraes y Dias Toffoli, alegando indicios de práctica de “crimen de responsabilidad”, conforme al artículo 52, inciso II, de la Constitución Federal brasileña y a los artículos 39 y siguientes de la Ley nº 1.079/1950.
2. Exigir a las autoridades competentes una “apuración profunda, imparcial y transparente” de la eventual implicación de cualquier magistrado o autoridad en las irregularidades denunciadas, incluido el propio Supremo Tribunal Federal, miembros del Superior Tribunal de Justicia y demás integrantes del Poder Judicial. Asimismo, proponer el “alejamiento cautelar” de quienes resulten investigados, con respeto a las garantías del debido proceso y la amplia defensa.
3. Elevar ante el STF un pedido de investigación sobre la conducta de los ministros Moraes y Toffoli en el marco de las pesquisas de la Policía Federal, así como relativo a la legalidad del mantenimiento de secreto en el Inquérito del Banco Master, que tramita bajo la relatoría del ministro André Mendonça.
4. Solicitar al Supremo levantamiento de la reserva en las investigaciones que involucren a autoridades, exceptuando los procesos de carácter estrictamente cautelar que requieran reserva por su naturaleza.
5. Demandar que el presidente de la Corte Suprema asuma (avoque) todas las investigaciones que afectan a personas sin foro privilegiado ante el STF, de conformidad con el artículo 102, inciso I, letra “b”, de la Constitución.
6. Reclamar ante el STF el archivo definitivo del llamado Inquérito de las Fake News, con plena publicidad de los elementos de los autos.
7. Elaborar una carta abierta dirigida a la sociedad civil para explicar las medidas adoptadas y presentar proposiciones estructurales de reforma del Poder Judicial, con el objetivo de reforzar la función constitucional de la Suprema Corte.
El comunicado oficial de la OAB-DF afirma que estas decisiones “se orientan exclusivamente por la defensa de la Constitución, de la legalidad y de la armonía entre los Poderes, sin sesgo político-partidario” y confía en que los órganos competentes examinarán las solicitudes con el rigor e imparcialidad que exige la gravedad del momento.
Contexto adicional:
La Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) es la entidad autorreguladora de la abogacía en Brasil y ostenta atribuciones disciplinarias y de representación institucional ante los poderes públicos. Su Seccional de Distrito Federal (OAB-DF) agrupa a los profesionales del derecho con sede en la capital del país y suele desempeñar un papel activo en debates sobre el Estado de Derecho y la independencia del Poder Judicial.
El Supremo Tribunal Federal (STF) es el órgano máximo del Poder Judicial brasileño y custodia la interpretación de la Constitución. Cuando se alega “crimen de responsabilidad” contra sus miembros, el procedimiento de impeachment se tramita en el Senado Federal, siguiendo un proceso similar al previsto para el presidente de la República. La Ley nº 1.079/1950 regula los delitos de responsabilidad y el procedimiento de enjuiciamiento político, estableciendo plazos, quórums y etapas de instrucción.
El Inquérito de las Fake News ha sido objeto de polémica desde su instauración, por el eventual uso de la investigación para monitorizar a críticos de la Corte. El levantamiento de sigilo en procesos de alto perfil judicial es un reclamo frecuente de organizaciones de la sociedad civil y de medios de comunicación, en aras de la transparencia.
Por su parte, el Inquérito del Banco Master, bajo sigilo, indaga presuntas irregularidades financieras y podría implicar a autoridades con especial protección procesal. La solicitud de archivo y de publicidad de elementos de investigación refleja demandas de acceso a la información pública y de fortalecimiento de la responsabilidad institucional.
