La deuda bruta del sector público brasileño alcanzó los 10,8 billones de reales (aproximadamente 2,05 billones de euros) en junio de 2026, equivalente al 81,9 % del PIB, según datos del Banco Central de Brasil. Este nivel es el más alto registrado desde abril de 2021 y se acerca al récord del 87,6 % observado en octubre de 2020, de acuerdo con información difundida por el portal Conexão Política Brasil.
Desde el inicio del tercer mandato de Luiz Inácio Lula da Silva (Partido de los Trabajadores) en enero de 2023, la relación deuda/PIB se ha incrementado en 10,2 puntos porcentuales. A modo de comparación, al cierre de diciembre de 2022, al término del gobierno de Jair Bolsonaro (Partido Liberal), ese indicador se situaba en el 71,7 % del PIB.
En cuanto al déficit nominal, el acumulado en los doce meses hasta junio escaló al 9,99 % del PIB. Las proyecciones del mercado estiman que el mandato de Lula podría terminar con un déficit nominal medio del 8,6 % del PIB, cifra que, de confirmarse, sería la más elevada entre los gobiernos federales de las últimas dos décadas.
La Institución Fiscal Independiente (IFI), organismo vinculado al Congreso Nacional de Brasil, proyecta que la ratio deuda/PIB alcanzará el 82,5 % al final de 2026 y podría llegar al 100 % en 2032 y al 115 % en 2036. Entre los factores que explican esta trayectoria de endeudamiento destacan el crecimiento moderado del PIB, los elevados tipos de interés y la ausencia de ahorro público estructural.
Para comprender la magnitud de estos datos, es importante tener en cuenta que la deuda bruta del sector público abarca los compromisos financieros del gobierno central, los estados, los municipios y las empresas públicas. Por su parte, el déficit nominal incluye el saldo de todas las operaciones financieras, incluidas amortizaciones e intereses de la deuda.
El alza sostenida de la ratio deuda/PIB se ha visto favorecida por un crecimiento económico que, en promedio, no ha superado el 2 % anual en los últimos tres años. Paralelamente, el Banco Central ha mantenido la tasa Selic en niveles cercanos al 11,75 % anual para contener la inflación, lo que ha encarecido el coste del servicio de la deuda.
Otro elemento clave es la persistente ausencia de superávit primario —es decir, de un excedente fiscal antes del pago de intereses—, que limita la capacidad del Estado para generar recursos propios y reduce el margen para nuevas inversiones públicas. De acuerdo con las estimaciones, Brasil cumplirá trece años consecutivos con déficit primario en 2026.
Especialistas advierten que mantener elevados niveles de endeudamiento puede tener consecuencias sobre la calificación crediticia del país, encarecer el financiamiento externo y afectar la confianza de los inversores. Además, podría restringir la inversión en áreas prioritarias como salud, educación e infraestructuras.
La situación de Brasil contrasta con la de otros países de la región, algunos de los cuales han implementado reformas fiscales para controlar el gasto público y reforzar los ingresos tributarios. No obstante, el contexto local se complica por las presiones sociales para aumentar el gasto en programas de asistencia y por la necesidad de reactivar la economía tras el impacto de la pandemia de COVID-19.
En este escenario, el gobierno de Lula se enfrenta al reto de equilibrar la urgencia de estimular el crecimiento económico y atender demandas sociales con la necesidad de consolidar las finanzas públicas. Si no se adoptan medidas que frenen el avance de la deuda y fortalezcan el ahorro público, la estabilidad macroeconómica de Brasil podría verse comprometida en el mediano y largo plazo.
