El Ministerio de Relaciones Exteriores reconoció la posibilidad de que Estados Unidos utilice fuerza militar en territorio brasileño tras la decisión de Washington de clasificar al Primer Comando de la Capital (PCC) y al Comando Rojo (CV) como organizaciones terroristas. La evaluación consta en una respuesta enviada por el canciller Mauro Vieira a la Cámara de Diputados.
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El documento fue elaborado después de que el diputado federal Evair de Melo (Republicanos-ES) presentara un requerimiento de información aprobado en mayo. El parlamentario solicitó aclaraciones sobre las posibles consecuencias diplomáticas, económicas y reputacionales de la medida adoptada por el gobierno norteamericano.
Según el Itamaraty, la clasificación de ambas facciones no debería aportar beneficios concretos a la cooperación entre Brasil y Estados Unidos en el combate al crimen organizado. La cartera afirma que los grupos ya estaban catalogados por Washington como organizaciones criminales transnacionales, lo que permitía acciones conjuntas de cooperación, como el intercambio de información de inteligencia y operaciones de seguridad coordinadas.
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El oficio también llama la atención sobre la amplitud de la legislación estadounidense en materia de contraterrorismo. De acuerdo con la respuesta de Vieira, la aplicación de las nuevas normas podría ocurrir con un elevado grado de discrecionalidad y generar consecuencias para ciudadanos brasileños.
“Tal aplicación puede ocurrir con amplio grado de discrecionalidad, dada la amplitud de los términos adoptados en la legislación de contraterrorismo de aquel país, con serias posibilidades de implicaciones para ciudadanos brasileños en los ámbitos financiero, migratorio y penal. Finalmente, hay la posibilidad de uso de fuerza militar de Estados Unidos en territorio brasileño”.
Para contextualizar, el Primer Comando de la Capital (PCC) es una organización criminal surgida en la década de 1990 en los centros penitenciarios del estado de São Paulo. Se le atribuyen actividades de tráfico de drogas, contrabando y extorsión a gran escala, tanto dentro de Brasil como en países limítrofes. Por su parte, el Comando Rojo (CV) se formó a finales de los años setenta en prisiones del estado de Río de Janeiro y, con el tiempo, extendió su influencia hacia el narcotráfico internacional, secuestros y otros delitos violentos. Ambas facciones han consolidado estructuras complejas que operan fuera y dentro de los penales, lo que ha elevado la atención de agencias de seguridad nacionales e internacionales.
En el caso de Estados Unidos, la designación de una entidad como organización terrorista se realiza a través de la lista de Foreign Terrorist Organizations (FTO), administrada por el Departamento de Estado. Una vez incluida en esta lista, queda prohibido que ciudadanos y residentes estadounidenses provean apoyo material o financiamiento a la organización. Asimismo, la Ley de Poderes Económicos Internacionales de Emergencia (IEEPA, por sus siglas en inglés) y otras normativas vinculadas permiten el bloqueo de activos y la imposición de sanciones bancarias sobre individuos, empresas o entidades asociadas. Estas disposiciones persiguen cortar las fuentes de financiación y disuadir a actores externos de colaborar con lo que se considera terrorismo.
El Itamaraty, además de señalar posibles efectos adversos para ciudadanos brasileños, destacó que la clasificación no debería alterar de manera significativa los mecanismos de colaboración que ya existen con Estados Unidos. Ambos países mantienen convenios de intercambio de datos, operaciones encubiertas coordinadas y asistencia mutua en materia de seguridad. No obstante, la mención expresa de la fuerza militar introduce un componente inédito en el diálogo diplomático, donde hasta ahora predominaban los canales civiles y de inteligencia.
El pronunciamiento del Ministerio de Relaciones Exteriores refleja la cautela de Brasil ante la posible aplicación extraterritorial de medidas antiterroristas estadounidenses. En los próximos días, se espera que la Cancillería convoque sesiones informativas y reúna a autoridades del área de defensa, migración y finanzas para evaluar escenarios y diseñar protocolos de respuesta, en caso de que se materialice alguna petición de apoyo logístico o militar por parte de Washington.
